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Rachel Ward, directora de investigación nacional de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha publicado la siguiente declaración sobre la respuesta policial a las protestas de este fin de semana en ciudades de todo el país:
“En todo Estados Unidos, las fuerzas policiales están incumpliendo sus obligaciones en virtud del derecho internacional de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, y con ello están agravando la tensa situación existente y poniendo en peligro la vida de manifestantes. En una ciudad tras otra estamos viendo actos que pueden calificarse de uso innecesario o excesivo de la fuerza. Pedimos que semejante uso de la fuerza acabe de inmediato y que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley garanticen y protejan el legítimo derecho a protestar.
Utilizar material antidisturbios pesado así como equipos y armas de uso militar para controlar manifestaciones en gran medida pacíficas puede intimidar a quienes ejercen su derecho de reunión pacífica participando en ellas. Estas tácticas pueden incluso dar lugar a una escalada de la violencia. Dotar a los agentes de un equipamiento más propio del campo de batalla puede inducirles a pensar que el enfrentamiento y el conflicto son inevitables. La policía debe contribuir a rebajar la tensión antes de que la situación empeore. Deben desmilitarizar su enfoque y entablar diálogo con los organizadores de la protesta para rebajar la tensión e impedir que estalle la violencia, o pararla en cuanto estalle, a fin de proteger el derecho de reunión pacífica.
Todo uso innecesario o excesivo de la fuerza debe cesar de inmediato, todos los casos de posible uso innecesario o excesivo de la fuerza contra manifestantes deben ser investigados y todos los funcionarios que hayan incumplido la ley deben ser obligados a rendir cuentas.
Además, pedimos al gobierno federal y a los estados y ciudades del país que actúen de forma rápida y significativa para abordar las causas fundamentales de estas protestas y tomen medidas inmediatas para acabar con los homicidios ilegítimos de personas negras, entre otras, a manos de la policía. Se debe procesar a agentes, todos los estados de la nación deben aprobar leyes que limiten el uso de medios letales como medida de último recurso para evitar un peligro inminente para la vida, y el Congreso debería aprobar la Ley PEACE para sentar una norma federal e incentivar la reforma en los estados.
El racismo y el supremacismo blanco fomentan estos homicidios y la respuesta policial a las protestas. El gobierno federal debería establecer una comisión nacional para abordar todos los aspectos de esta crisis, incluidos los homicidios cometidos por la policía, el derecho de protesta y poner fin a la discriminación. El presidente Trump debe poner fin a sus discursos y políticas violentas y discriminatorias.
El gobierno de Estados Unidos, en todos sus niveles, debe garantizar el derecho a la protesta consagrado en el derecho internacional.”