La protección de los derechos humanos: tarea pendiente en Puerto Rico

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La incapacidad de las autoridades para atender situaciones como la crisis de vivienda, la creciente violencia hacia las mujeres, el discrimen por identidad de género y las consecuencias del cambio climático son algunas de las violaciones de derechos humanos registradas en Puerto Rico durante el año 2019, según el informe anual “Situación de los Derechos Humanos en América” publicado hoy por la organización Amnistía Internacional. 

“La situación de los derechos humanos en Puerto Rico se ha agravado en los últimos años. Los gobiernos de turno han fallado gravemente en desarrollar medidas concretas y urgentes para atender temas que afectan el disfrute de los derechos humanos. Tenemos un país sufriendo una crisis en derechos humanos que se intensificó con el paso del huracán María y recientemente los terremotos. El Gobierno ha sido incapaz de garantizar de manera efectiva los servicios esenciales como salud, vivienda y educación”, aseguró Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.   

“A esto le sumamos las actuaciones del Estado para reprimir el derecho a la protesta, los intentos de pasar legislación que discrimina a la comunidad LGBTIQ y la falta de transparencia en el manejo de información pública” expresó Gallardo Martín.   

Puerto Rico en el Informe

El derecho a la libertad de expresión nuevamente se vio afectado ante el uso excesivo e innecesario de la fuerza policiaca durante las manifestaciones del verano pasado. “Es un patrón que hemos venido denunciando durante los últimos años. Los Estados intentan demonizar el derecho a la protesta y crear un estigma negativo hacia toda persona que la utilice como mecanismo de defensa ante las injusticias”, dijo Gallardo. 

El informe también resalta que a dos años del huracán María aún hay personas viviendo en casas con toldos azules. El Gobierno tanto local como federal no ha dado una solución que garantice el acceso a la vivienda de miles de personas que perdieron su hogar durante los últimos dos años. Las trabas en los desembolsos de las ayudas gubernamentales y la burocracia ha intensificado la crisis de vivienda en el país. 

Este año el informe incorpora por primera vez el tema del cambio climático y su efecto en poblaciones vulnerables y costas de Puerto Rico.

“Nosotros somos claramente vulnerable a los efectos del cambio climático, y, de hecho, informes recientes ubican a Puerto Rico en los primeros lugares entre los países en mayor riesgo. Esto no es ajeno a nadie en este país, donde se ha sufrido el impacto de la falta de energía, de la contaminación ambiental, de índices de calor exagerados, debido al efecto del calentamiento global y a la falta de voluntad política para hacer frente a este asunto, desarrollando sistemas limpios, cuando ese es precisamente el reclamo masivo de los residentes de este país, que en gran medida forma parte de un reclamo mundial”, manifestó Annette Martínez, presidenta de la Junta Directiva de AI Puerto Rico. 

Los derechos de la comunidad LGBTIQ continuaron bajo ataque ante los intentos del gobierno de aprobar proyectos de Ley como el de las terapias reparativas y libertad religiosa que discriminan contra esta población. “Hace uso días nos levantamos con la triste noticia de una mujer trans asesinada lo que a todas luces fue un vil asesinato de odio. Cuando el mismo Gobierno utiliza su poder para discriminar a una población por su identidad de género o preferencia sexual perpetúa y legitima el discurso de odio. El estado se convierte en cómplice del atropello”, expresó la Directora Ejecutiva. 

La ineficiencia del gobierno con el manejo de los casos de violencia de género que continúan imparables es otra de las violaciones a los derechos denunciadas. “Múltiples organizaciones llevamos más de un año reclamando al Gobierno que declare una Emergencia Nacional ante la crisis, pero ha caído en oídos sordos” indicó Gallardo. 

Por último, el acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación fue obstaculizado por el mismo Gobierno en varias ocasiones. Incluso, organizaciones se vieron obligados a demandar al Gobierno para tener acceso a la información. La transparencia en las actividades gubernamentales es fundamental para combatir la impunidad y la corrupción que por años ha lacerado la confianza y finanzas del país.  

El Informe 2019 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 24 países y territorios de la región América. 

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