(Foto crédito: @carla_mpmv Carla Margarita)
Este viernes 2 de agosto en la tarde cuando el primer mandatario de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, abandone su puesto tendremos un nueva persona como gobernante. La clase política del país tiene una oportunidad histórica para designar como gobernante una persona que actúe por los derechos humanos, la justicia y la equidad.
“El país necesita medidas concretas y efectivas para atender temas urgentes que afectan el disfrute de los derechos humanos de todas las personas. Le solicitamos al nuevo dirigente a tomar medidas contundentes para atender temas como la pobreza, violencia por parte del Estado, violencia de género, acceso a la información pública, corrupción e impunidad gubernamental”, indicó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.
En una población en la que la mayoría de las personas viven bajo el nivel de pobreza, es imperativo definir cuáles son los servicios esenciales que son prioritarios a la hora de que el Gobierno tome decisiones de política pública y presupuestaria que afectan en gran medida a poblaciones vulnerables. A casi dos años del huracán María aún hay comunidades viviendo en lugares pocos seguros y los procesos burocráticos y la corrupción le han dificultado acceder a las ayudas gubernamentales.
La llamada Reforma de la Policía está bajo serios cuestionamientos especialmente ante el accionar desproporcionado de la Uniformada contra manifestantes en las últimas protestas. Varias organizaciones han denunciado y documentado el uso de fuerza excesiva contra manifestantes y violaciones a la Reforma. La violencia de género ha cobrado la vida de varias mujeres en lo que va del año. El reclamo colectivo para que el Gobierno decretase una emergencia en el país cayó en oídos sordos.
El acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación fue obstaculizado por el mismo Gobierno en varios ocasiones. Incluso, organizaciones se vieron obligados a demandar al Gobierno para tener acceso a la información. La corrupción gubernamental que por años ha lacerado la confianza y finanzas del país también violenta los derechos humanos. La transparencia en las actividades gubernamentales es fundamental para combatir la corrupción. Esta debe ir junto a medidas puntuales que atajen la impunidad que perpetúan los actos de corrupción.
“En medio del momento histórico que vive el país invitamos a la persona designada a impulsar una agenda a favor de los derechos humanos como un gran primer paso para la transformación de Puerto Rico en lo que resta del cuatrienio” aseguró Gallardo Martín.