El en Día Internacional de los y las trabajadoras AI Puerto Rico se unió a la manifestación del 1 de mayo. Nuevamente vemos un despliegue policíaco que impacta de varias formas el derecho de las personas a manifestarse libremente.
En primer lugar hay que destacar que la cantidad de policías atestados en las aceras a través del recorrido era incoherente con el número de participantes. Era abrumadora la cantidad de policías, motorizados y hasta dos helicópteros sobrevolando la zona.
Segundo, el recorrido fue interrumpido con inmensas vayas de plástico rellenas de agua, estas no permitían el libre paso de las personas que pretendían marchar por la Ave. Ponce de León. El derecho de las personas a transitar, manifestarse o marchar para denunciar una situación, problema o queja debe garantizarse y protegerse por el Estado, en este caso la policía. La impresión era que el Estado estaba más preocupado en proteger inmensos edificios privados y públicos antes que garantizar el derechos de las personas a expresar su sentir de la situación que tanto les afecta.
Por último, notamos una disminución importante en la participación en comparación con años anteriores. Es natural pensar que esta baja es el resultado del efecto desalentador o paralizante que produce el miedo en la población de recibir represalias en este tipo de actividad. En la manifestación, a diferencia de los dos pasados años, no se vieron actos de violencia y así debe ser siempre, pero esto no puede ser a costa del miedo paralizante o el bloqueo de las rutas.
El Estado, debe ante todo, ser capaz de escuchar el reclamo de sus ciudadanos y ciudadanas mientras se respeta y garantizar los derechos civiles y humanos de todes.