América: El gobierno de Estados Unidos pone en peligro a solicitantes de asilo con políticas ilícitas

Las políticas fronterizas ilícitas de Estados Unidos están dejando a miles de personas solicitantes de asilo varadas en México, donde corren el riesgo de ser deportadas a sus países de origen pese a los graves daños que están expuestas a sufrir allí. La situación no puede más que empeorar, a juzgar por un acuerdo que, según informes, podrían alcanzar ambos países y que obligaría a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitan sus solicitudes, en vez de permitirles entrar en Estados Unidos.
Como resultado de una investigación de Amnistía Internacional, centrada en el trato que reciben las personas refugiadas y migrantes de las caravanas y realizada en Guatemala, el estado de Chiapas al sur de México, la Ciudad de México y Tijuana a lo largo de octubre y noviembre, la organización ha formulado hoy 26 recomendaciones a los gobiernos estadounidense y mexicano, así como a las autoridades de los países centroamericanos de origen y de tránsito, para que garanticen medidas de protección de los derechos humanos y apoyo humanitario a todas las personas que solicitan asilo y que están en movimiento, entre ellas que respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
“En vez de militarizar la frontera y sembrar miedo y discriminación, la administración del presidente Trump debe mostrar compasión con quienes tienen que huir de sus hogares, y recibir sus solicitudes de asilo sin demora, como disponen la legislación de Estados Unidos y el derecho internacional”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Los gobiernos de México y los países centroamericanos, por su parte, deben adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todas estas personas que están en movimiento y garantizar que no sufran más violaciones de derechos humanos. Si México accede a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos a costa de la dignidad y los derechos humanos de los miembros de las caravanas, estará pagando, en la práctica, el vergonzoso muro fronterizo de Trump.”
“El peligro que corren las familias desesperadas que esperan pacientemente su turno para solicitar asilo en la frontera es una situación de emergencia creada por el propio gobierno de Estados Unidos”, ha señalado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados.
“Utilizar gas lacrimógeno en una situación en la que había familias con niños y niñas no sólo fue un acto horrible, sino también una muestra más del desprecio de esta administración por nuestra dignidad y nuestros derechos humanos compartidos.”
Condiciones insalubres y listas de espera ilegales para solicitar asilo
El 18 de octubre, Amnistía Internacional visitó el polideportivo Benito Juárez de Tijuana, convertido en albergue temporal, donde el gobierno municipal había alojado aproximadamente a 3.000 personas migrantes y solicitantes de asilo, llegadas en la primera de varias caravanas que, formadas en total por entre 8.000 y 10.000 personas, cruzan México. Esas personas se sumaron a miles más a las que las autoridades estadounidenses llevan semanas o meses obligando a esperar en Tijuana a que les permitan solicitar asilo en la frontera. El 22 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense Pompeo declaró que el gobierno de Estados Unidos tiene intención de negar ilícitamente ese derecho impidiendo la entrada de las caravanas en Estados Unidos.
Autoridades federales, estatales y municipales mexicanas confirmaron por separado a Amnistía Internacional que en el albergue temporal no había comida, agua ni servicios de salud suficientes, y que entre las personas acogidas en él se estaban propagando las enfermedades respiratorias.
Al menos desde abril de 2018, las autoridades estadounidenses y mexicanas exigen ilícitamente a las personas solicitantes de asilo que se inscriban en una lista cuasi oficial de espera en el lado de Tijuana del puerto de entrada de San Ysidro, en vez de permitirlas solicitar asilo directamente en la frontera. Son las propias personas solicitantes de asilo y las autoridades mexicanas las que coordinan conjuntamente la lista en función de la limitación estadounidense del número de solicitantes de asilo que se recibirán cada día. Quienes soliciten asilo sin documentos de identidad tienen prohibido inscribirse en la lista de quienes esperan a solicitarlo, y si no aparecen el día en que llaman a su número, se arriesgan a perder definitivamente su turno.
Al rechazar a solicitantes de asilo en los puertos de entrada, las autoridades estadounidenses están violando de manera flagrante su derecho a solicitar protección contra la persecución y creando una situación de emergencia a lo largo de la frontera. Esta cola formada a lo largo de la frontera deja a las personas solicitantes de asilo expuestas a ser detenidas y deportadas por los funcionarios de inmigración mexicanos y a sufrir explotación a manos de bandas delictivas.
El 21 de noviembre, Amnistía Internacional revisó la lista, que contenía los nombres de alrededor de 4.320 personas, entre ellas cerca de 2.000 miembros de la caravana, que habían ido llegando, en su mayoría de Honduras, desde el 15 de noviembre. Las personas que estaban ya en la lista antes de la llegada de la caravana habían estado alrededor de cinco semanas, por término medio, esperando en Tijuana a que las autoridades empezaran a tramitar sus solicitudes de asilo. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y una autoridad municipal de Tijuana dijeron a Amnistía Internacional que aproximadamente el 80 por ciento de las personas solicitantes de asilo anteriores a la llegada de la caravana eran de nacionalidad mexicana.
Las autoridades mexicanas no pueden, legalmente, impedir a la gente salir del país y solicitar asilo en la frontera estadounidense. Sin embargo, Amnistía Internacional confirmó con múltiples fuentes del gobierno de México que los funcionarios de inmigración mexicanos suelen apoderarse todas las noches de la lista de espera y coordinan con las autoridades fronterizas estadounidenses cuántas personas solicitantes de asilo inscritas en ella serán recibidas cada día. Amnistía Internacional ha recibido información anónima de funcionarios mexicanos que pone en duda la supuesta falta de capacidad de las autoridades estadounidenses para recibir a un número mayor de personas y revela la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre las autoridades mexicanas para restringir la entrada de solicitantes de asilo.
Funcionarios mexicanos y solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional en el puerto de entrada de San Ysidro que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos habían venido aceptando últimamente entre 30 y 70 solicitudes de asilo al día. El 16 de noviembre, la dirección del puerto de entrada de la CBP de San Ysidro dijo al Washington Post que su personal podía tramitar de 90 a 100 solicitudes de asilo al día, siempre y cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ocupara, en el plazo de 72 horas, de las personas cuyas solicitudes se hubieran tramitado.
En una reunión que mantuvieron con Amnistía Internacional el 20 de noviembre, los funcionarios del ICE se negaron a aclarar si estaban ocupándose de las personas solicitantes de asilo dentro del plazo o tenían alguna limitación de capacidad debido a la reciente llegada de las caravanas, tras lo cual pusieron fin a la reunión bruscamente.
Amnistía Internacional pide a las autoridades estadounidenses que respeten de inmediato el derecho de las personas a solicitar asilo tanto si se dirigen a los puertos oficiales de entrada como si llegan por las zonas situadas entre ellos. Tras las declaraciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos indicando que piensa negar ilícitamente ese derecho a las personas de las caravanas, el Congreso debe negarse a financiar las operaciones de la CBP si no están supervisadas rigurosamente por él y si la CBP no se compromete por escrito a detener las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo tanto en los puertos de entrada estadounidenses como en las zonas situadas entre ellos.

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