La avalancha de multas injustas, abusivas y asfixiantes impuestas a medios de comunicación rusos independientes, ONG y personas defensoras de los derechos humanos representa un nuevo asalto contra las libertades fundamentales en Rusia; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Una vez más, las autoridades rusas actúan selectivamente contra personas y organizaciones independientes; esta vez, su arma son las multas asfixiantes. Valiéndose de un sinfín de leyes draconianas, las autoridades están imponiendo multas abusivas sin parar en lo que parece un ataque coordinado para acabar de golpe con todas las organizaciones críticas”, ha afirmado Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Rusia.
La víctima más reciente de estos ataques selectivos es la revista The New Times, uno de los medios de comunicación críticos de mayor difusión en Rusia. El 26 de octubre, la publicación fue condenada al pago de una multa de 22.250.000 rublos (348.000 dólares estadounidenses), que se impone a “directores, editores y organismos de radiodifusión por no facilitar la información requerida sobre los fondos recibidos”. Se trata de la mayor multa impuesta hasta ahora a un medio de comunicación en Rusia.
En 2017, tras perder a sus anunciantes por causa de su reputación de desleal al régimen, la revista se vio obligada a suspender su edición en papel. Ahora, ante esta nueva multa tan elevada, The New Times se encuentra al borde de la quiebra.
También el 26 de octubre, la Fundación Andrey Rylkov, destacado grupo ruso que aboga por la reforma de las políticas en materia de drogas, fue condenada a pagar una multa de 800.000 rublos (12.500 dólares estadounidenses) por distribuir “propaganda de sustancias estupefacientes”. El artículo en cuestión apareció en un boletín que publica la Fundación sobre el acceso a los servicios de salud para las personas que consumen drogas.
“La misma arma económica que las autoridades usan contra sus detractores en los medios de comunicación se está utilizando simultáneamente contra quienes expresan opiniones discrepantes sobre una diversidad de asuntos políticos”, ha dicho Natalia Zviagina.
Sólo unos días antes, Transparencia Internacional Rusia fue condenada a pagar una multa inusualmente elevada, de 1.000.000 rublos (15.600 dólares estadounidenses), tras perder una causa por difamación presentada por un estrecho colaborador de Vladimir Putin.
Al mismo tiempo, los tribunales rusos apenas han protegido a defensores y defensoras de los derechos humanos de los ataques a su reputación por parte de los medios de comunicación de gran difusión controlados por el Estado.
Este mismo mes, Sergei Zykov —defensor de los derechos humanos de Ekaterimburgo, en los Urales— y Aleksandr Kunilovsky —activista de la oposición de Tyumen, en el norte de Siberia— fueron condenados a pagar multas de 300.000 rublos (4.700 dólares) y 290.000 rublos (4.500 dólares), respectivamente, por infringir la normativa rusa que regula las reuniones públicas, indebidamente restrictiva.
“Pedimos a las autoridades rusas que paren de inmediato este asalto implacable contra las organizaciones de la sociedad civil , y que dejen de utilizar una legislación represiva para imponer penas abusivas”, ha manifestado Natalia Zviagina.