Una coalición multisectorial de organizaciones denunció hoy, que 9 meses desde el paso del huracán María, la situación del País sigue siendo crítica y el gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población.
En diciembre de 2017, estas organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. que las políticas de atención al desastre violentaban los derechos de las puertorriqueñas y los puertorriqueños y agudizaban la crisis humanitaria. Hoy, pasados 9 meses desde el paso del huracán María, nuevamente denuncian que la situación no ha mejorado. Al contrario, los datos del informe J, que los grupos acaban de actualizar hasta el mes de junio del 2018, demuestran que estamos viviendo una “crisis después de la crisis”, que afecta los derechos más básicos de la población a vivienda segura, agua potable, alimentación, trabajo, educación, salud, acceso a la información y derecho a la protesta, entre otros.
Las denuncias del grupo se dan a casi una semana del cierre de la actual sesión Legislativa, habiendo sido ésta una de las sesiones en las que más proyectos se han presentado en detrimento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del país. “Estamos viendo cómo el gobierno actúa ignorando la situación de pobreza y desamparo de la mayor parte del país y sin ejecutar acciones que mitiguen los daños provocados por el huracán. Las exigencias de nuestro informe de diciembre han sido ignoradas casi en su mayoría”, expresaron.
Ante este panorama, el gobierno y la Junta de Control Fiscal continúa imponiendo medidas que violentan los derechos de las personas más pobres y precarizadas. “No vemos otra salida que acudir a todos los foros internacionales que sean necesarios, para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables, particularmente, la niñez, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, y la mitad de nuestra población que vive en condiciones de pobreza.” Señaló Annette Martínez Orabona, Directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Es por esto que las organizaciones de la sociedad civil presentarán esta denuncia a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, con el fin de solicitarle que se pronuncie sobre la violación sistemática de derechos humanos en el País. La presentación de este informe coincide además, con la presentación en Ginebra del informe del Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Prof. Philip Alston, sobre su visita oficial a Estados Unidos y a Puerto Rico después del huracán María, quien ha expresado que la pobreza en Puerto Rico está marcada por un gran déficit de derechos.
De acuerdo con la Profa. Verónica González Rodríguez, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, “es preocupante que al mes de junio, persistan los problemas de acceso al agua potable y libre de contaminación, que no tengamos políticas sobre seguridad alimentaria; y que la agricultura ecológica y sostenible enfrente trabas gubernamentales que hagan casi imposible su desarrollo. Más aún, resulta inverosímil que la Legislatura todavía no haya tomado acción para sustituir los combustibles fósiles para la producción de energía y atender la evidente amenaza del cambio climático, mientras se apresta a transferir a manos privadas 5 cuerdas de la costa de Carolina”.
Sobre el tema de acceso a la vivienda segura, Amarilis Pagán Jiménez, de Proyecto Matria,, señaló que: “Desde antes de los huracanes Irma y María, en Puerto Rico había una seria crisis de acceso a vivienda segura que se agravó dramáticamente después del huracán María. Nos preocupa que el periodo de solicitar servicios a FEMA expiró en medio de cuestionamientos sobre falta de acceso efectivo a los procesos de solicitud, y también que la asignación millonaria de fondos CDBG-DR se esté manejando sin adecuada participación ciudadana, excluyendo particularmente a comunidades desventajadas. Todavía al mes de junio, hay muchas personas que no tienen un lugar seguro donde vivir y este contexto es terrible ante la posibilidad del paso de un nuevo huracán.”
Sobre el derecho a la educación, la Profa. Anita Yudkin Suliveres, de Cátedra UNESCO para la Paz, añadió que “estamos enfrentando uno de los peores momentos en la historia de la educación pública en Puerto Rico. Los reclamos de la comunidad escolar han sido burdamente ignorados, mientras la administración continúa adelantando un plan de privatización que no responde a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes.”
Las organizaciones denuncian además que en la actual crisis de derechos humanos que se vive Puerto Rico se cierran cada vez más dramáticamente los espacios democráticos, de correspondencia con el Estado y participación ciudadana. El Estado insiste en esconder información vital como son las muertes de miles de personas a raíz de la negligencia crasa y la situación extrema de austeridad con que se enfrentó la emergencia . “En este contexto, una de las pocas herramientas que tiene la población para expresar su indignación es la protesta, a la que el Estado ha reaccionado con exceso de uso de fuerza, represión, intimidación, arrestos ilegales, desincentivando que las personas ejerzan uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad de expresión", expresó Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero.
El grupo exigirá que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pida respuesta a los Estados Unidos sobre la violación de los derechos de las y los puertorriqueños. Esta es la primera vez que el grupo presenta una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la oficina principal de las Naciones Unidas encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de los Estados que forman parte de las Naciones Unidas.