El reconocimiento de una Jerusalén unificada es una “imprudencia”, y socava los derechos humanos de la población palestina

En condena del anuncio realizado hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos reconoce la Jerusalén unificada como capital de Israel y trasladará allí su embajada, Raed Jarrar, director de Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre Oriente Medio, ha manifestado:
“Esta decisión es una imprudencia y una provocación por parte de la administración Trump que socava aún más los derechos humanos de la población palestina y que probablemente inflamará las tensiones en toda la región”.
“Al reconocer la Jerusalén unificada como capital de Israel y anunciar la reubicación desde Tel Aviv de la Embajada de Estados Unidos, el presidente Trump ha demostrado una vez más su flagrante desprecio por el derecho internacional.”
“Existe un consenso internacional, con resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la ilegalidad de la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel. Con esta decisión, Estados Unidos viola sus propias obligaciones internacionales de no reconocer una situación ilegal ni contribuir a ella y de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra.”
“Ningún país del mundo reconoce la anexión de Jerusalén Oriental, lo que convierte en sumamente inquietante la decisión de otorgarle el reconocimiento. Esta decisión no sólo contribuye a socavar el Estado de derecho internacional, sino que demuestra además un total desprecio hacia la violaciones de derechos humanos masivas que la población palestina está sufriendo a causa de las políticas de anexión israelíes.”
Información general
Las zonas de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que quedaron bajo control israelí en 1967 y se incluyeron en las zonas municipales israelíes de Jerusalén están reconocidas internacionalmente como territorio ocupado, en el que se aplica el derecho internacional humanitario.
La anexión ilegal, por parte de Israel, de la Jerusalén Oriental ocupada se formalizó en la legislación nacional en 1980. Es una anexión que ha sido condenada repetidamente por la comunidad internacional a través de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.