Amenazados los derechos humanos por el paso del huracán María

El pasado 20 de septiembre el potente huracán María devastó a toda la isla de Puerto Rico en lo que se convirtió en la peor catástrofe en su historia moderna. Según registros oficiales, las muertes asociadas al huracán alcanzan las 55. Al día de hoy cientos de personas siguen en refugios del gobierno porque sus casas están inhabitables. A esto se suma los miles de personas que buscan refugios en casas de familiares o se han ido a los Estados Unidos. Esta situación ha provocado una avalancha de desplazados internos sin precedentes que requiere la atención inmediata de las autoridades para evitar agravar la crisis.
El concepto de desplazados internos se utiliza para nombrar a los individuos o grupos que han sido forzados a abandonar su hogar como resultado o para evitar los efectos de los desastres naturales, guerra, violaciones a sus derechos humanos, entre otros. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos permanecen en su país y no cruzan la frontera nacional en busca de asilo en otro lugar. En el caso de los puertorriqueños que emigran hacia los Estados Unidos siguen considerándose desplazados internos porque son ciudadanos americanos.
Un ejemplo de esta situación es la vivida por una joven madre de dos hijos, residente del municipio de Loíza, uno de los áreas más impactadas por el huracán. Nos reservamos su nombre para proteger su identidad. La mujer se encuentra refugiada en casa de un familiar tras perder su vivienda de madera y zinc durante el huracán. En un recorrido por la comunidad nos mostró los destrozos de su casa que quedó totalmente en ruinas. "Es triste, eso fue lo que quedó. Lo más que me interesa en estos momentos es el calor del hogar, las pertenencias uno lo recupera poco a poco ", dijo la mujer quien espera por la determinación de Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) que la visitó unos días atrás.
Ante el difícil panorama que viven miles de familias en la isla es imperativo que el gobierno estatal y federal cumplan con su obligación de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas dentro y fuera de la isla como consecuencia del huracán. Este es uno de los principios básicos que contempla los Principios Rectores de los Desplazados Internos elaborada por Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarias (OCHA) de las Naciones Unidas. Esta guía delimita los derechos y garantías para proteger a las personas de desplazamiento interno basado en el derecho internacional.
El regreso y reintegración de las personas desplazadas a un hogar seguro es un importante factor a considerar en el proceso de recuperación. El Gobierno tiene la obligación y responsabilidad de establecer las condiciones y proporcionar los medios para un nivel de vida adecuado.
En el sector Estancias del Río en Loíza nos encontramos con una persona de mayor edad que vive en una estructura en la que el techo y sus pertenencias sufrieron graves daños. Los primeros días de la emergencia la mujer, a quien no identificamos para proteger su identidad, estuvo refugiada pero regresó a su hogar para rescatar las pocas pertenencias que no se dañaron. A pesar del tiempo transcurrido la ayuda gubernamental para su techo aún no ha llegado, la humedad se ha apoderado de todos los espacios y los escombros e insectos siguen en su patio poniendo en riesgo su salud. Ésta nos mencionó que ya había solicitado la ayuda de FEMA pero al día de hoy nadie se ha presentado a su hogar para la debida inspección.
Es sumamente preocupante la falta de capacidad del Estado de abordar el problema de acceso a la vivienda que ya existía antes del huracán, pero en medio de la emergencia se hace más evidente. Uno de los grandes retos que se avecinan es la restitución de la propiedad a los afectados ante las pocas opciones que existen.
Hace unos días trascendió públicamente que FEMA tiene intención de mudar a los damnificados que aún se encuentran en los refugios a los estados de Florida y New York de forma temporera mientras se hacen reparaciones en sus viviendas. Este programa es voluntario y la agencia cubrirá los gastos de los vuelos. Sin embargo, preocupa el tiempo “temporero” que pueda transcurrir antes de que las personas puedan regresar. Además de otros aspectos que van más allá del alojamiento como el acceso al trabajo, educación, salud y alimentos durante ese periodo. Tampoco existe estadística al día de hoy que arroje luz sobre cuántas de esas personas damnificadas no tenían hogar antes del huracán. Preocupa que una vez termine esta ayuda se encuentren en una peor situación en completo olvido por el Estado.
De otra parte, los desplazados que se reubican en los Estados Unidos también se enfrentan a una serie de dificultades relacionadas a la obtención de una vivienda, trabajo y escuelas para sus hijos. Según la Oficina del Gobernador de Florida, más de 73 mil puertorriqueños han llegado a este estado a consecuencia del huracán María. El gobierno ha abierto en los aeropuertos centros de asistencia para orientar y ayudar a las familias provenientes de la isla. También instituciones educativas flexibilizaron los requisitos para que los estudiantes puertorriqueños puedan asistir a clases. Sin embargo, estos esfuerzos deben redundar en acciones reales a largo plazo que aseguren el bienestar y la seguridad de las familias.
El lograr una verdadera recuperación a largo plazo es una de las grandes preocupaciones y retos que se avecinan. Amnistía Internacional ha documentado un precedente desafortunado cuando el huracán Katrina azotó la Costa del Golfo de los Estados Unidos el 2005. Un informe publicado en el 2010 evidenciaba como a cinco años de la tragedia miles de personas, mayormente de ascendencia afro-americana, continuaban sin acceso a la vivienda y servicios médicos. Entre los problemas más evidentes que confrontaban los desplazados se encontraban el lento progreso en la recuperación de su hogar, problemas en el procedimiento para acogerse a las ayudas del gobierno y rentas de propiedades sumamente altas. Una encuesta entre personas sin hogar dirigida por Unity for Greater New Orleans arrojó que el 60% de los encuestados dijeron que no tenían hogar debido a Katrina.
Es por esto que hacemos énfasis al Estado de que la ayuda brindada a los desplazados debe estar enmarcada en la protección de los derechos humanos de los afectados. Creemos que una verdadera reconstrucción de las vidas de estas personas debe incluir su derecho a una vivienda segura, acceso a servicios básicos y un nivel de vida digno.

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