Esta semana la Comisión de Derecho Civiles realizó una vista pública como parte de una investigación a la Policía de Puerto Rico. Esta pesquisa surge ante una querella por la supuesta práctica de “carpeteo cibernético” dirigido a personas que han protestado contra el gobierno. Aunque la Jefa de la Policía negó que se estén llevando a cabo espionaje en las redes sociales, surgieron dudas sobre algunas de sus dependencias en cuanto a la recopilación y manejo de información incluyendo vídeos.
¿Y por qué esto podría ser motivo de preocupación? Cuando los gobiernos espían las comunicaciones de las personas de forma arbitraria y sin que haya sospechas fundadas de conducta delictiva violentan sus derechos humanos, la intimidad y limitan la libertad de expresión. La vigilancia masiva indiscriminada es el control de las comunicaciones por Internet y telefónicas de un gran número de personas sin que existan pruebas suficientes de comportamiento criminal. Este tipo de vigilancia es ilegal según leyes internacionales de derechos humanos.
Amparados en la seguridad, los gobiernos podrían utilizar estos datos privados para perseguir activistas, crear perfiles para discriminar y perseguir defensores de derechos y acabar con la libertad de expresión. Esta forma de espionaje masivo convierte a todas las personas en presuntos delincuentes y a sus actividades en sospechosas. En Puerto Rico hay un nefasto capítulo en la historia entre los 1940 y 1980, cuando se carpetearon y persiguieron personas por su ideología política. Estos repudiables actos no pueden volverse a repetir bajo ningún pretexto.
En un estado de derecho, como es el nuestro, las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y tienen derecho a que se respete su vida privada. Por lo tanto, para interceptar las comunicaciones de un individuo el gobierno tienes que tener indicios de que se está cometiendo un delito y estar autorizada por una autoridad como un juez. De lo contrario, no pueden buscar pruebas aleatoriamente en nuestras comunicaciones privadas.
Nuestro llamado es a que el Gobierno/Policía garantice el derecho a la privacidad y la libre expresión de las personas. Que demuestre que no está llevando a cabo prácticas que violentan estos derechos, y de ser así que de inmediato desista de tales actos. Al igual que existan protocolos más claros y transparencia ante el pueblo en relación a la información recopilada cibernéticamente.
*Este artículo fue publicado originalmente en el periódico El Nuevo Día en la sección de Tribuna Invitada.