Las leyes antidiscriminatorias son concebidas para proteger el derecho de cada persona a recibir un trato justo y equitativo. Estas legislaciones proveen protecciones y recursos legales si los derechos de alguien son violados por razón de género, orientación sexual, raza, religión, entre otras. Sin embargo, medidas legislativas como la propuesta “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa” permitiría que en nombre de la “libertad religiosa” personas y organizaciones puedan negarse servicios a las personas de las comunidades LGBT basándose en objeciones morales.
El Proyecto de la Cámara 1018 es un intento de aplicar la controvertible “Religious Freedom Restoration Act” (RFRA). Esta ha sido aprobada en algunos estados bajo el pretexto de “proteger los derechos y libertades religiosas” de grupos que denuncia que la aprobación de leyes generales atenta contra sus principios y actividades religiosas. Pero en realidad estas leyes son utilizadas para discriminar y atacar los derechos de la comunidad LGBT.
De aprobarse la medida en Puerto Rico cualquier persona podría negarse a ofrecer servicios a un individuo o grupo si entiende que esta acción va en contra de sus principios religiosos. Tales proyectos de ley, ponen en riesgo particularmente a las comunidades LGBT de sufrir discrimen y hasta actos de violencia al permitir que se les niegue su derecho a la salud, educación y cualquier otro servicio ofrecido por una entidad pública o privada.
Cuando los gobiernos pasan este tipo de legislación violentan los derechos humanos al no asegurar que todas las personas tengan igual protección de ley contra la discriminación. Amnistía Internacional Puerto Rico como una organización comprometida con la justicia social, los derechos civiles y humanos exhorta a las y los legisladores a no legalizar el discrimen en Puerto Rico mediante la aprobación de la P. de la C. 1018