Deprose Muchena, director regional para África Austral de Amnistía Internacional
La semana pasada, la ciudadanía sudafricana recibió un terrible noticia. Su gobierno ha notificado a la ONU su intención de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), la única institución internacional permanente que puede hacer comparecer ante la justicia a quienes cometen los crímenes más atroces, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública de Sudáfrica y del mundo. También sorprendió a algunos de los altos cargos del gobierno e incluso al Parlamento, la institución legisladora del país que aprobó la ratificación del Estatuto de Roma en 1998 y su incorporación en las leyes nacionales en 2002.
En resumen, pocas personas lo vieron venir.
Sabemos ahora que la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite Nkoana-Mashabane, fue quien encabezó la iniciativa de abandonar el Tribunal en una carta de 19 de octubre de 2016.
La idea de que Sudáfrica deje la CPI, cuyo Estatuto muestra las marcas de las históricas luchas de Sudáfrica para que se reconociera el apartheid como crimen de lesa humanidad, ha conmocionado al mundo. Es un duro golpe a la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional en África y más allá.
Entre las razones esgrimidas para abandonar la Corte, Sudáfrica cita diversos motivos de preocupación sobre las relaciones entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI, y el hecho de que ésta “tiene por objetivo” los Estados africanos.
En su carta, la ministra Nkoana-Mashabane dice: “las percepciones de desigualdad y falta de imparcialidad en la práctica de la CPI […] no sólo dimanan de la relación de la Corte con el Consejo de Seguridad, sino también de la percepción de que la CPI está especialmente centrada en los Estados africanos.”
Aunque algunos de los motivos de preocupación de Sudáfrica sobre la CPI podrían ser legítimos, teniendo en cuenta sobre todo el poder que ejercen los miembros permanentes en la remisión de casos por el Consejo de Seguridad a la Corte, mi opinión es que el país estaría en mejores condiciones para luchar en estas batallas quedándose en la Corte y ofreciendo un muy esperado liderazgo desde dentro. Sin embargo, el argumento de que la CPI tiene por objetivo los “Estados africanos”, aunque se cita a menudo (y probablemente es popular en el continente, dados sus conocidos dobles raseros), está fundamentalmente viciado. Desde luego, no proporciona una base suficiente para que un país poderoso y respetado como Sudáfrica —que se autoproclama adalid de la justicia y de los derechos humanos— abandone la Corte.
Es importante señalar que muchos de los casos que tramita actualmente la CPI le han sido remitidos por los propios países africanos, que consideran la institución como la única que puede enjuiciar a perpetradores de crímenes de derecho internacional y hacer justicia a las víctimas en estas situaciones.
Por ejemplo, en julio de 2012, el gobierno de Malí remitió a la CPI la situación relativa a los crímenes de guerra cometidos en el país desde 2012. La Corte comenzó sus investigaciones en enero de 2013, centrándose en los crímenes de guerra cometidos desde 2012. El 27 de septiembre, la Corte declaró culpable a Ahmad Al Faqi Al Mahdi, miembro destacado del grupo armado Ansar Eddine, del crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra edificios religiosos y monumentos históricos.
En abril de 2004, el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), donde Sudáfrica ha invertido millones en los esfuerzos para lograr la estabilidad, remitió a la CPI la situación del país. La CPI ha realizado investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado en la región de Ituri y en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional, donde se asesinó a innumerables personas y otras fueron violadas o torturadas, o sufrieron el saqueo y la destrucción de sus hogares.
La labor de la CPI en la RDC ha desembocado en la condena de dos líderes de grupos armados, Thomas Lubanga Dyilo y Germain Katanga, y está en curso el juicio contra el líder de otro grupo armado, Bosco Ntaganda.
En septiembre, Gabón pidió que la Corte abriese una investigación sobre posibles crímenes de derecho internacional cometidos durante los disturbios desencadenados por las reñidas elecciones de agosto de 2016 en el país, en los que según los informes murieron decenas de personas.
Estos casos muestran la importancia de la CPI y el papel que puede desempeñar en la mejora del sistema internacional de justicia penal para combatir la impunidad. También muestran el apoyo que vienen ofreciendo a la Corte los gobiernos africanos.
La crisis de Sudáfrica con la Corte se desencadenó cuando Sudáfrica no detuvo al presidente sudanés Omar Al Bashir cuando éste visitó el país para asistir a la Cumbre de la Unión Africana en junio de 2015. Omar Al Bashir es un fugitivo de la justicia sobre el que pesan dos órdenes de detención de la CPI en relación con su presunto papel en crímenes de derecho internacional —incluido el de genocidio— cometidos en Darfur, donde incontables personas han perdido la vida y han sido desplazadas.
Siguen cometiéndose crímenes de derecho internacional en Sudán, y recientemente Amnistía Internacional ha reunido pruebas escalofriantes del uso de armas químicas en la zona de Jabel Marra de Darfur, donde se calcula que solamente este año podrían haber muerto entre 200 y 250 personas.
Actualmente hay un caso pendiente en el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir si Sudáfrica incumplió las obligaciones contraídas en virtud de las leyes internacionales y nacionales al no detener a Al Bashir.
No olvidemos que el Estatuto de Roma es uno de los dos instrumentos internacionales que han tipificado el apartheid como crimen de derecho internacional, y Sudáfrica desempeñó un papel destacado en el apoyo a la creación de la Corte. Al lavarse las manos y abandonar la CPI, el gobierno sudafricano no está ayudando a la causa de millones de víctimas de violaciones de derechos humanos en el mundo.
Si le preocupa la relación entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI, o las actuaciones de la Corte, Sudáfrica debería permanecer dentro de la CPI y propugnar los cambios que desee ver desde allí. Los debates se ganan en la mesa, no desde fuera de la sala.
Tres países subsaharianos —Burundi, Sudáfrica y ahora Gambia— han decidido abandonar la Corte este mes, lo que podría producir un efecto dominó en la región que tendrá graves consecuencias para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Sudáfrica debe replantearse su decisión de salir de la CPI. De hecho, en los últimos días, varias personas e instituciones han expresado su pesar por esta decisión. Como adalid del diálogo como medio para resolver las disputas, Sudáfrica debe mostrar el camino y, junto con otros Estados clave que respetan los derechos humanos, empezar a proporcionar seriamente un liderazgo global en materia de estos derechos.
Con su decisión de dejar la Corte, está cerrando de hecho los ojos a la situación de millones de personas del mundo cuyos derechos se violan con impunidad en lugares como Darfur, la RDC, Palestina y Georgia. Permanecer en la CPI sería una muestra de solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos en el mundo.
La CPI no es perfecta, pero para hacer las necesarias reformas, necesita el apoyo y la participación constructiva de países como Sudáfrica.