Los grupos armados que operan en Alepo, Idleb y zonas circundantes del norte de Siria han llevado a cabo una aterradora oleada de secuestros, tortura y ejecuciones sumarias, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El documento, titulado ‘Torture was my punishment’: Abductions, torture and summary killings under armed group rule in Aleppo and Idleb, Syria (‘La tortura fue mi castigo’: Secuestros, tortura y ejecuciones sumarias bajo los dictados de los grupos armados en Alepo e Idleb, Siria), ofrece una excepcional visión de cómo es la vida realmente en zonas que están bajo el control de grupos armados de oposición. Se cree que algunos de ellos están apoyados por gobiernos como los de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos, a pesar de la evidencia de que están cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra). El documento también arroja luz sobre las instituciones administrativas y cuasi-judiciales creadas por los grupos armados para gobernar en estas zonas.
“El documento revela la angustiosa realidad de la población civil que vive bajo el control de algunos de los grupos armados de oposición en Alepo, Idleb y zonas circundantes. Muchos civiles viven con el temor constante de ser secuestrados si critican la conducta de los grupos armados en el poder o no cumplen las estrictas normas que algunos de estos grupos han impuesto”, ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Hoy, en Alepo e Idleb, los grupos armados tienen total libertad para cometer con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario. Sorprendentemente, también hemos documentado cómo los grupos armados usan los mismos métodos de tortura que emplea de forma habitual el gobierno sirio.”
“Los países miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, como Estados Unidos, Qatar, Turquía y Arabia Saudí, que participan en negociaciones sobre Siria, deben presionar a los grupos armados para que pongan fin a tales abusos y cumplan las leyes de la guerra. Además, deben suspender cualquier transferencia de armas u otra ayuda a grupos implicados en la comisión de crímenes de guerra y otras violaciones graves.”
El documento presenta los abusos perpetrados por cinco grupos armados que ejercen el control sobre zonas de las gobernaciones de Alepo e Idleb desde 2012: el Movimiento de Nour al Dine Zinki, el Frente Al Shamia y División 16, que en 2015 se unieron a la coalición de grupos armados conocida como Fatah Halab (Conquista de Alepo); y en Idleb, dos grupos que se unieron a la coalición Jaysh al Fatah (Ejército de Conquista) igualmente en 2015, Yabhat al Nusra y el Movimiento Islámico de Ahrar al Sham.
Algunos grupos armados no estatales como Yabhat al Nusra, el Frente Al Shamia y el Movimiento Islámico de Ahrar al Sham han establecido sus propios “sistemas de justicia” basados en la sharia o ley islámica en las zonas bajo su control, además de crear fiscalías, fuerzas policiales y centros de detención no oficiales. Además, han designado jueces, en algunos casos desconocedores de la sharia. Algunos grupos, como Yabhat al Nusra y el Movimiento Islámico de Ahrar al Sham, han aplicado una estricta interpretación de la ley islámica y han impuesto penas equivalentes a tortura u otros malos tratos por presuntas infracciones.
El informe documenta 24 casos de secuestro a manos de grupos armados en las gobernaciones de Alepo e Idleb entre 2012 y 2016. Las víctimas incluyeron activistas pacíficos e incluso algunos menores de edad, así como personas pertenecientes a minorías, seleccionadas únicamente por su religión.
Además, presenta cinco casos entre 2014 y 2015 de personas que denunciaron haber sido torturadas por Yabhat al Nusra y el Movimiento de Nour al Dine Zinki tras ser secuestradas.
“Ibrahim” (nombre ficticio), activista político secuestrado por Yabhat al Nusra en abril de 2015 en Alepo, afirmó que lo torturaron de forma continuada durante los tres días que estuvo recluido. Cree que lo eligieron como víctima por haber organizado protestas pacíficas en apoyo del levantamiento de 2011.
“Me llevaron a la sala de tortura. Me colocaron en la postura shabeh, colgándome del techo por las muñecas sin que pudiera tocar el suelo con los pies, ni siquiera de puntillas, y comenzaron a golpearme con cables por todo el cuerpo […] Después de la shabeh utilizaron la técnica dulab [técnica del neumático]. Me hicieron doblarme y meterme en un neumático y después comenzaron a golpearme con palos", dijo. Tras torturarlo, a Ibrahim lo dejaron tirado en una cuneta.
Otro caso estremecedor es el de “Halim”, trabajador humanitario secuestrado por el Movimiento de Nour al Dine Zinki en julio de 2014 mientras supervisaba un proyecto en un hospital de la ciudad de Alepo, a quien mantuvieron incomunicado durante unos dos meses y luego obligaron a firmar una “confesión” bajo tortura.
“Cuando me negué a firmar la confesión, el interrogador ordenó al guardia que me torturara. El guardia utilizó la técnica bisat al-rih [técnica de la alfombra voladora], consistente en ponerme las manos por encima de la cabeza y obligarme a levantar las piernas en posición perpendicular. Luego empezó a golpearme con cables en la suela de los pies. No pude resistir el dolor y firmé.”
Activistas de derechos humanos, minorías y menores, seleccionados como víctimas
Varios de los periodistas y activistas de medios de comunicación que trabajan para denunciar abusos dijeron a Amnistía Internacional que los habían secuestrado por haber criticado la conducta de los grupos armados en el poder. A muchos los dejaron libres después, al parecer tras la presión de la opinión pública sobre el grupo armado que los había secuestrado.
“Issa”, activista de los medios de comunicación de 24 años, dijo que había dejado de publicar nada en Facebook que pudiera ponerlo en peligro tras recibir amenazas de Yabhat al Nusra.
“Controlan lo que puedes y no puedes decir. O acatas sus reglas y normas sociales, o desapareces. Durante los últimos dos años, Yabhat al Nusra me amenazó tres veces por criticar en Facebook su forma de gobernar.”
“Imad”, otro activista de los medios de comunicación, describió el asalto de Yabhat al Nusra en enero de 2016 contra las instalaciones de Radio Fresh, una emisora de radio en el norte de la gobernación de Idleb, a dos de cuyos locutores secuestró y mantuvo retenidos durante dos días sólo por poner música que el grupo consideraba ofensiva para el islam.
En Alepo, activistas de los medios de comunicación afirmaron que habían recibido amenazas verbales y escritas del Frente Al Shamia y el Movimiento de Nour al Dine Zinki por criticarlos o acusarlos de corrupción en Facebook.
Abogados, activistas políticos y otras personas también han sufrido ataques del Frente Al Shamia, Yabhat al Nusra y el Movimiento Islámico de Ahrar al Sham en represalia por sus actividades, sus presuntas creencias religiosas y sus opiniones políticas.
“Bassel”, abogado de Idleb, fue secuestrado de su domicilio en Ma’rat al-Nu’man en noviembre de 2015 por criticar a Yabhat al Nusra.
“Me alegré de librarme del injusto régimen del gobierno de Siria, pero ahora la situación es peor. Critiqué públicamente a Yabhat al Nusra en Facebook […] A la mañana siguiente, sus fuerzas me llevaron de mi casa”.
El abogado estuvo retenido en una vivienda abandonada durante 10 días y al final lo dejaron en libertad después de que sus captores lo obligaran a renunciar a su profesión bajo la amenaza de que, si volvía a ejercer la abogacía, jamás volvería a ver a su familia.
Una activista política, secuestrada en un puesto de control del Movimiento Islámico de Ahrar al Sham y recluida en un centro de detención dirigido por el grupo, contó a Amnistía Internacional que le habían dado el alto por no llevar velo y porque pensaban que era partidaria del gobierno sirio.
Amnistía Internacional también documentó el secuestro de al menos tres menores —tres muchachos de 14, 15 y 16 años— por Yabhat al Nusra y el Movimiento Islámico de Ahrar al Sham en Idleb y Alepo entre 2012 y 2015. A 28 de junio, dos de ellos seguían en paradero desconocido.
También fueron secuestrados miembros de la minoría kurda de Sheikh Maqsoud, vecindario predominantemente kurdo de la ciudad de Alepo, así como sacerdotes cristianos elegidos como víctimas por su religión.
“Todos los grupos armados, en especial los de Alepo e Idleb, deben poner de inmediato en libertad sin condiciones a cualquier persona recluida únicamente por sus opiniones políticas, su religión o su etnia”, ha dicho Philip Luther.
“Los líderes de grupos armados del norte de Siria tienen la obligación de terminar con los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de guerra. Deben expresar públicamente su condena a tales actos e indicar claramente a sus subordinados que tales crímenes no se tolerarán.”
Ejecuciones sumarias
El documento contiene también indicios de las ejecuciones sumarias perpetradas por Yabhat al Nusra, el Frente Al Shamia y sus “tribunales” afines, o el Consejo Judicial Supremo, un organismo de la gobernación de Alepo que varios grupos armados reconocen como única autoridad judicial allí.
Entre las víctimas ha habido civiles, uno de ellos un muchacho de 17 años acusado de ser homosexual y una mujer acusada de adulterio, además de miembros capturados de las fuerzas gubernamentales sirias, de las milicias progubernamentales conocidas como shabiha y del grupo armado autodenominado Estado Islámico y otros grupos rivales. En ocasiones, los grupos armados llevaron a cabo estas ejecuciones sumarias delante de multitudes. El derecho internacional humanitario prohíbe el homicidio deliberado de personas a las que se mantiene cautivas, que constituye crimen de guerra.
“Saleh”, a quien Yabhat al Nusra mantuvo recluido en diciembre de 2014, afirmó que había visto a cinco mujeres a las que, según le dijo un guardia, se había acusado de adulterio y que “sólo serían perdonadas si morían”. Más tarde vio un vídeo en el que aparecían combatientes de Yabhat al Nusra ejecutando públicamente a una de las mujeres.
Según el Código Árabe Unificado, conjunto de códigos jurídicos basados en la ley islámica o sharia que sigue el Consejo Judicial Supremo y el “tribunal” establecido por el Frente Al Shamia, ciertos delitos, tales como el asesinato y la apostasía, son punibles con la muerte.
“Dictar condenas y llevar a cabo ejecuciones sumarias sin el fallo de un tribunal legítimamente constituido con plenas garantías judiciales es una grave violación del derecho internacional y constituye crimen de guerra”, ha dicho Philip Luther.
Durante los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a escala masiva cometidos por las fuerzas gubernamentales sirias. La organización ha documentado también graves violaciones, incluidos crímenes de guerra, del grupo que se autodenomina Estado Islámico y otros grupos armados.
“Si bien parte de la población civil en zonas controladas por grupos armados de oposición puede haberse mostrado en un principio satisfecha por haberse librado del brutal régimen del gobierno sirio, la esperanza de que estos grupos armados respeten los derechos se ha desvanecido a medida que iban tomándose cada vez más la justicia por su mano y cometiendo graves abusos”, ha dicho Philip Luther.
“Es fundamental que Rusia, Estados Unidos y el Enviado Especial de la ONU para Siria den prioridad a las detenciones a manos de las fuerzas gubernamentales y a los secuestros a manos de los grupos armados en las conversaciones que mantienen en Ginebra. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer sanciones selectivas contra los dirigentes de los grupos armados responsables de crímenes de guerra.”