La pionera decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a que la ley irlandesa que prohíbe y penaliza el aborto violó los derechos humanos de una mujer a la que se había diagnosticado una malformación mortal del feto promoverá los derechos de las mujeres tanto en Irlanda como fuera de ella. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La resolución emitida hoy por el Comité de la ONU declara que las leyes irlandesas que prohíben el aborto violaron los derechos de Amanda Mellet, con doble nacionalidad irlandesa y estadounidense, cuando en 2011 le negaron el aborto a pesar de que se le había diagnosticado una anomalía mortal del feto. La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos la había presentado en noviembre de 2013 el Centro de Derechos Reproductivos en nombre de Amanda Mellet.
Es la primera vez que un órgano internacional de derechos humanos concluye que un Estado ha violado sus obligaciones en materia de derechos humanos por penalizar y prohibir el aborto.
“La resolución emitida hoy por el Comité de Derechos Humanos de la ONU es pionera para Irlanda, y tiene consecuencias mundiales de largo alcance. Se ha concluido que la prohibición y, por extensión, la penalización del aborto en y por sí misma viola los derechos humanos. Es discriminatoria y somete a las mujeres a trato cruel, inhumano y degradante. Irlanda debe tomar nota”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
El Comité de la ONU concluyó que las leyes de aborto irlandesas habían sometido a Amanda Mellet a discriminación y a trato cruel, inhumano y degradante, en contra de lo establecido por los artículos 7 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También concluyó que esas leyes violaban el artículo 17, sobre el derecho a la intimidad. La resolución decía que Irlanda sometió a Amanda Mellet a un “intenso sufrimiento físico y mental”. También pidió a Irlanda que “reforme su legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, incluida, si es necesario, la reforma de la Constitución, para garantizar el cumplimiento del Pacto, con procedimientos efectivos, oportunos y accesibles para la interrupción del embarazo en Irlanda, y que tome medidas para garantizar que los proveedores de atención médica están en posición de facilitar información completa sobre servicios de aborto seguro sin temor a ser objeto de sanciones penales”.
“El gobierno irlandés debe sacar la cabeza de la arena y ver que tiene que abordar esta cuestión”, ha manifestado Colm O’Gorman, director de Amnistía Internacional Irlanda.
“La población irlandesa quiere un cambio. Una encuesta realizada recientemente concluyó que el 87 % de la población desea una ampliación del acceso al aborto. También concluyó que la abrumadora mayoría considera que la prohibición casi total del aborto en Irlanda es cruel, inhumana y discriminatoria. La resolución de hoy demuestra que tienen razón.”
El Comité concluyó que la penalización del aborto en Irlanda había causado a Amanda Mellet humillación y estigma, y que su sufrimiento se había visto además agravado por los obstáculos que había encontrado a la hora de obtener información sobre las opciones médicas adecuadas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU puede examinar casos presentados por personas individuales contra sus gobiernos para determinar si las leyes violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado de derechos humanos clave.