El presidente Joko Widodo debería aprovechar la oportunidad para demostrar que su gobierno está decidido a defender los derechos humanos deteniendo las ejecuciones inminentes de hasta 15 personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los condenados a muerte de quienes se cree que corren peligro de ser ejecutados fueron declarados culpables de presuntos delitos de drogas, y algunos no recibieron un juicio justo. Sus casos, como muchos otros que Amnistía Internacional ha venido siguiendo, ilustran los defectos sistémicos del sistema de justicia indonesio.
“El presidente Widodo tiene la oportunidad de mostrar su auténtica resolución deteniendo estas ejecuciones y ordenando una revisión exhaustiva independiente de todos los casos de pena de muerte”, ha manifestado Rafendi Djamin, director de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.
“Es inaceptable que un gobierno ejecute a gente, especialmente cuando esa gente no recibió un juicio justo y fue condenada por delitos que no se encuentran entre ‘los más graves delitos’, algo que constituye una clara violación del derecho y las normas internacionales.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Las ejecuciones inminentes, que se teme que puedan tener lugar en las próximas semanas, serán las primeras que se lleven a cabo este año. En 2015, Indonesia ejecutó a 14 personas.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha revelado que la pena de muerte se ha aplicado en Indonesia en casos en los que ha habido tortura u otros malos tratos, negación de una asistencia letrada efectiva, procedimientos manifiestamente defectuosos, e incluso el uso de la pena de muerte contra personas que eran menores de edad en el momento del delito o que padecen una discapacidad mental o intelectual.
“En los casos que hemos examinado, la policía había sometido a tortura u otros malos tratos a algunos de los detenidos, en ocasiones para obtener ‘confesiones’. A muchos de los condenados no se les permitió acceder a un abogado en el momento de su detención ni en otras etapas del proceso”, ha manifestado Rafendi Djamin.
Amnistía Internacional ha registrado también los casos de cinco condenados a muerte que fueron ejecutados pese a que los tribunales indonesios habían accedido a examinar sus apelaciones.
En el caso de dos presos, no se llevó a cabo una investigación adecuada para comprobar si eran menores de edad en el momento del delito o si sufrían una discapacidad mental o intelectual. En esas circunstancias, la ejecución es ilegal.
Unas semanas después de llegar al poder, el presidente Widodo rechazó los llamamientos para que se otorgara clemencia a los condenados a muerte que hubieran sido declarados culpables de delitos de drogas, y sugirió que la pena de muerte servía de disuasión, un argumento que no cuenta con pruebas que lo sustenten. Sin embargo, a su llegada al poder en 2014, el presidente Widodo realizó alentadoras promesas en materia de derechos humanos.
“En un momento en el que la mayoría de los países del mundo han abandonado esta desmesurada práctica, la ejecución de estas personas relegaría a Indonesia a la categoría de anomalía”, ha manifestado Rafendi Djamin.
“El presidente Widodo todavía está a tiempo. Si detiene la pena de muerte, conmuta las condenas y dicta una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición, Indonesia podrá empezar a restablecer su reputación en materia de derechos humanos en la región.”