La condena de dos ex militares por el papel que desempeñaron en la violencia sexual y la esclavitud doméstica a las que fueron sometidas 11 mujeres indígenas en una base militar durante el conflicto armado interno de Guatemala, en la década de 1980, constituye una gran victoria para la justicia en el país. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. “Estas históricas condenas transmiten el mensaje inequívoco de que la violencia sexual es un delito grave y que, por mucho tiempo que transcurra, se castigará. Representa una gran victoria para las 11 mujeres que se embarcaron en una lucha de 30 años por la justicia”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “Ahora, las autoridades guatemaltecas deben garantizar que todas las víctimas de violencia sexual, torturas en masa, homicidios y desapariciones que tuvieron lugar durante la brutal guerra civil que azotó el país obtienen justicia. Las víctimas y sus familias no deben verse obligadas a esperar un minuto más para ver entre rejas a los responsables de su sufrimiento.” El Tribunal de Mayor Riesgo A de la Ciudad de Guatemala concluyó que el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón, ex oficial al mando de la base militar Sepur Zarco, y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig eran culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz entre 1982 y 1983. Las mujeres afirmaron que, durante meses, habían sido sometidas a abusos sexuales en la base, y habían sido obligadas a cocinar y limpiar para los soldados. Los cargos contra los acusados incluían también el asesinato de una mujer y dos niñas y la desaparición forzada de los esposos de siete de las mujeres. Reyes Girón fue condenado a 120 años de prisión, y Valdez Asig a 240 años. El juicio ha sentado un precedente por ser el primer caso de violencia sexual perpetrada durante el conflicto que se juzga como crimen de guerra en Guatemala, y el primer caso de esclavitud doméstica y sexual que se juzga en la historia como delito internacional en un tribunal nacional, según han declarado organizaciones locales de derechos humanos. La denuncia penal se presentó por primera vez en 2011, y los acusados fueron detenidos en 2014. Una comisión de la verdad respaldada por la ONU concluyó que, durante los 36 años de guerra civil de Guatemala (de 1960 a 1996), habían muerto o desaparecido unas 200.000 personas: más del 80 %, indígenas mayas.