Cinco años después de que una oleada de protestas para exigir reformas generalizadas recorriera Bahréin, las esperanzas de progresos en materia de derechos humanos y rendición de cuentas por los abusos pasados y presentes se han desvanecido, ha afirmado Amnistía Internacional.
Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia a las protestas masivas que comenzaron el 14 de febrero de 2011, y causaron muertos y heridos entre los manifestantes. Otros murieron bajo custodia tras ser torturados.
“Cinco años después del levantamiento, la tortura, la detención arbitraria y la represión generalizada contra activistas pacíficos y críticos del gobierno han continuado. Hoy en Bahréin, las personas que se atreven a criticar a las autoridades –ya sean defensores o defensoras de los derechos humanos o activistas políticos– corren el riesgo de ser castigadas”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“A pesar de las promesas de las autoridades de enjuiciar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos en 2011, el pueblo bahreiní sigue esperando justicia. Las instituciones creadas para proteger los derechos humanos no sólo no han llevado a cabo investigaciones independientes ni han hecho rendir cuentas a los autores de tales hechos, sino que ahora parecen ser utilizadas cada vez más para encubrir los persistentes abusos.”
Activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la enseñanza y de la medicina se cuentan entre las personas detenidas por dirigir las protestas de 2011, por participar en ellas o por hablar abiertamente sobre abusos. Muchas de estas personas continúan entre rejas. Varias cumplen condenas de cadena perpetua, en algunos casos tras ser declaradas culpables a partir de “confesiones” que según su testimonio fueron obtenidas mediante tortura. En claro contraste, no se han rendido cuentas por la abrumadora mayoría de las violaciones de derechos humanos. Los escasos miembros de las fuerzas de seguridad que procesados por cometer violaciones de derechos humanos, incluidos aquellos que causaron la muerte por disparos de manifestantes, han sido absueltos por “defensa propia” o han recibido condenas simbólicas que no reflejaban la gravedad de las violaciones.
“El hecho de no hacer rendir cuentas de manera efectiva a los agentes de seguridad que cometieron abusos en 2011 transmite el mensaje de que la tortura y el uso arbitrario y abusivo de la fuerza seguirán impunes. Las autoridades deben contener a las fuerzas de seguridad y dejar absolutamente claro que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos y que los responsables responderán ante la justicia”, ha afirmado James Lynch.