Las carencias de la ayuda internacional y las políticas discriminatorias impuestas por las autoridades libanesas están creando unas condiciones que facilitan la explotación de las mujeres refugiadas en Líbano y los abusos contra ellas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado días antes de la Conferencia de donantes para Siria que se celebrará en Londres el 4 de febrero.
El informe, titulado “Quiero un lugar seguro”: Mujeres refugiadas de Siria desarraigadas y desprotegidas en Líbano, pone de relieve que la negativa del gobierno libanés a renovar los permisos de residencia de las personas refugiadas y la escasez de fondos internacionales dejan a las mujeres refugiadas en una situación precaria y las expone al riesgo de ser explotadas por personas que ocupan posiciones de poder, como arrendatarios, empleadores e incluso la policía.
“La combinación de una escasez significativa de fondos internacionales para la crisis de refugiados y de las estrictas restricciones impuestas a las personas refugiadas por las autoridades libanesas está alimentando un clima en el que las mujeres refugiadas de Siria corren riesgo de sufrir acoso y explotación, y no pueden pedir protección a las autoridades”, declaró Kathryn Ramsay, investigadora sobre cuestiones de género de Amnistía Internacional.
En 2015, Líbano impidió a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que siguiera registrando a personas refugiadas sirias e introdujo unas nuevas normas que dificultaban que las personas refugiadas renovasen su permiso de residencia. Sin una situación jurídica adecuada, estas personas pueden ser objeto de detención arbitraria, detención e incluso de expulsión, por lo que muchas de ellas tienen miedo de denunciar los abusos a la policía.
El 20 por ciento de las familias refugiadas sirias en Líbano está encabezada por una mujer. En algunos casos, las mujeres se convirtieron en la principal fuente de ingreso de la familia tras el homicidio, la desaparición forzada o el secuestro de su esposo en Siria.
“La mayoría de las personas refugiadas procedentes de Siria que están en Líbano tienen dificultades para sobrevivir en condiciones a menudo desesperadas. Sufren una discriminación generalizada y obstáculos importantes para obtener comida, vivienda o un empleo. Para las mujeres refugiadas que sobreviven en estas circunstancias, las dificultades suelen ser aún mayores, pues muchas de ellas —sobre todo las que ejercen de cabezas de familia— corren un riesgo mayor de acoso, explotación y abusos en el trabajo y en la calle”, prosiguió Kathryn Ramsay.
Pobreza y explotación a manos de empleadores y arrendadores
Alrededor del 70 por ciento de las familias refugiadas sirias viven muy por debajo del umbral de pobreza libanés. La respuesta humanitaria de la ONU a la crisis de refugiados sirios ha contado sistemáticamente con menos fondos de los necesarios. El año pasado, la ONU sólo recibió el 57 por ciento de los fondos que pidió para su labor en Líbano. Esta grave escasez de fondos obligó al Programa Mundial de Alimentos a reducir a mediados de 2015 la asignación mensual para alimentos que proporciona a las personas refugiadas más vulnerables de 30 dólares estadounidenses a 13,50. Tras una inyección de fondos a finales de 2015, esta asignación aumentó a 21,60 dólares: sólo 0,72 dólares al día. La cuarta parte de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional había dejado de recibir la asignación para alimentos a lo largo del año pasado.
Muchas mujeres refugiadas dijeron que tenían dificultades para afrontar el elevado coste de la vida en Líbano y pagar la comida o el alquiler, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir explotación. Algunas contaron casos en que hombres les habían hecho insinuaciones sexuales inadecuadas o les habían ofrecido ayuda económica o de otro tipo a cambio de sexo.
En un clima de discriminación generalizada contra la población refugiada en Líbano, las mujeres refugiadas que habían conseguido un empleo para mantenerse denunciaban que sus empleadores las explotaban pagándoles unos salarios excesivamente bajos. “Saben que aceptaremos cualquier salario bajo que ofrezcan porque lo necesitamos”, dijo “Hanan”, refugiada palestina de Siria con nombre supuesto para proteger su identidad.
“Asmaa”, de 56 años, refugiada palestina de Siria que vive en Shatila, un campo de refugiados situado en los suburbios del sur de Beirut, dijo que no dejaba que sus hijas trabajasen por miedo a que sean víctimas de acoso: “Mi hija trabajaba en un comercio. El gerente la acosó y la tocó. Por eso ya no dejo a mis hijas que trabajen”.
Varias mujeres contaron también que habían dejado su empleo o no lo habían aceptado porque pensaban que el comportamiento de los empleadores había sido inadecuado.
Encontrar dinero suficiente para pagar el alojamiento es otra dificultad significativa. Al menos el 58 por ciento de las personas refugiadas sirias vive en apartamentos o casas de alquiler; otras viven en edificios en ruinas y asentamientos informales. Aun así, muchas mujeres dijeron que no podían pagar los exorbitantes alquileres y vivían en alojamientos precarios.
“Sea porque les pagan menos en el trabajo o porque viven en casas sucias, infestadas de ratas y llenas de filtraciones, la ausencia de estabilidad económica causa enormes dificultades a las mujeres refugiadas y anima a personas que ocupan posiciones de poder a aprovecharse de ellas”, afirmó Kathryn Ramsay.
La ausencia de condición jurídica aumenta los riesgos
Los gravosos trámites burocráticos y el alto precio que tienen que pagar las personas refugiadas para renovar sus permisos de residencia, introducidos por el gobierno libanés en enero de 2015, han impedido a muchas de ellas la renovación de los permisos. Sin un permiso de residencia válido, las personas refugiadas de Siria suelen vivir con el temor a ser detenidas y no denuncian los abusos a la policía.
La mayoría de las mujeres refugiadas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de un permiso de residencia les impedía denunciar los delitos a las autoridades libanesas. “Hanan”, refugiada palestina procedente de Siria que vive con sus tres hijas en un campo de refugiados cerca de Beirut, dijo que acudió a la policía a denunciar que el conductor de un autobús la había acosado y que fue rechazada. Le dijeron que no podía presentar denuncia porque carecía de “condición jurídica”.
“Para las mujeres con las que hablamos estaba muy claro que el acoso y la explotación que sufren son aún peores porque no tienen a donde ir en busca de ayuda y protección al carecer de permisos de residencia válidos”, dijo Kathryn Ramsay.
Otra mujer siria contó a Amnistía Internacional que fue víctima de acoso después de acudir a la policía:
“Al cabo de un tiempo, los policías se pasaban por nuestra casa o nos llamaban y nos pedían que saliéramos con ellos. Eran los mismos tres policías que tomaron nota de nuestra denuncia. Como no tenemos permisos [de residencia] legales, nos amenazaron. Dijeron que si no salíamos con ellos nos meterían en la cárcel”.
Líbano tiene más personas refugiadas per cápita que ningún otro país del mundo y no ha recibido la ayuda de la comunidad internacional; sin embargo, esto no justifica que no se ofrezca protección a las personas refugiadas frente a la explotación y los abusos.
“La entrada de personas refugiadas ha impuesto una considerable carga sobre Líbano, pero esto no es excusa para las estrictas restricciones que han impuesto las autoridades a las personas refugiadas que las ponen en situación de riesgo”, añadió Kathryn Ramsay.
“En lugar de contribuir al clima de temor e intimidación, las autoridades libanesas deben modificar con carácter urgente sus políticas para garantizar que se protege a las mujeres refugiadas y que todas las personas refugiadas en Líbano pueden renovar sus permisos de residencia sin dificultades ni restricciones.”
El apoyo de la comunidad internacional es crucial
La ausencia de fondos y de ayuda de la comunidad internacional para las personas refugiadas en Líbano es un factor que contribuye directamente a la pobreza y a las circunstancias de precariedad que sufren las mujeres refugiadas y las exponen a mayores riesgos.
El ACNUR ha determinado que al menos el 10 por ciento de la población refugiada siria en los países anfitriones —450.000 personas— está en situación de vulnerabilidad y necesita con urgencia el reasentamiento en otro país fuera de la región. Según el ACNUR, entre quienes cumplen los criterios de personas refugiadas “más vulnerables” están las mujeres y niñas en situación de riesgo.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que aumente el número de plazas de reasentamiento y otras rutas seguras fuera de la región que se ofrecen a las personas refugiadas de Siria.
Además, debe aumentar la ayuda económica y usar la conferencia de donantes de esta semana para comprometerse a cubrir las necesidades de financiación de la ONU destinadas a prestar asistencia a la crisis de Siria para el periodo 2016-2017.
“Los países más ricos del mundo, desde la Unión Europea, incluido Reino Unido, hasta los Estados del Golfo y Estados Unidos, entre otros, tienen que hacer mucho más para aliviar esta crisis. Además de aumentar la ayuda humanitaria para quienes están en Siria y para la población refugiada en la región, deben ofrecerse a compartir la responsabilidad de la crisis reasentando a más personas refugiadas”, concluyó Kathryn Ramsay.
“También deben trabajar con los países anfitriones, como Líbano, para eliminar los obstáculos al registro legal de las personas refugiadas y a su acceso a servicios vitales, y ayudar a contribuir a que no sufran abusos las personas refugiadas, mujeres en situación de riesgo incluidas.”