Nunca, en mi 10 años de trayectoria, había sido tan peligroso trabajar en el ámbito de los derechos humanos en Egipto.
Hoy día en Egipto, activistas de derechos humanos, profesionales de la abogacía, activistas políticos y periodistas independientes tienen que convivir con llamadas telefónicas intervenidas, una infinidad de campañas de desprestigio y apología del odio en los medios de comunicación afines al Estado, y un permanente hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.
En algunos casos, esta persecución implacable puede incluso dar pie a detención arbitraria, reclusión prolongada, penas severas en juicios injustos y, a veces, hasta tortura, desaparición forzada a manos del Estado o muerte bajo custodia por negligencia médica. En resumidas cuentas, se trata de la misma lista de violaciones de derechos humanos que sufren las personas cuyos derechos protegen estos defensores y defensoras mediante su activismo y su trabajo.
En la mentalidad de quienes actualmente ostentan el poder en Egipto, la sociedad civil y los medios de comunicación son meros instrumentos de los que pueden hacer uso y abuso a su antojo. La sociedad civil independiente no debería existir, y mucho menos las organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos. En este clima de miedo, quienes siguen defendiendo los derechos humanos son verdaderamente valientes.
El 9 de enero de 2016, Ahmed Abdullah, compañero mío y presidente de la junta directiva de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, se libró por muy poco de ser secuestrado por agentes de seguridad en una cafetería de Giza de la que es asiduo. Tres agentes de seguridad vestidos de civil, que habían llegado en un vehículo particular camuflado, irrumpieron en la cafetería y preguntaron al personal por él. Cuando les dijeron que no estaba, llevaron a cabo un exhaustivo registro de la cafetería. No presentaron ninguna orden de detención ni de registro de la fiscalía, lo que significa que el registro no tenía base jurídica.
Este incidente se produjo tras una serie de detenciones de activistas políticos liberales pacíficos que tuvieron lugar entre diciembre de 2015 y principios de enero de 2016. Algunas de estas personas se enfrentan ahora a cargos falsos tales como “pertenencia al Movimiento 25 de Enero”, del que nadie ha oído jamás hablar. Otras están acusadas de organizar y participar en protestas, desafiando la draconiana Ley de Manifestaciones de Egipto. Muchas siguen consumiéndose en la cárcel, en condiciones inhumanas. Desde el 27 de noviembre de 2015, me he visto obligado a abandonar mi casa y ocultarme a causa de un rumor en las redes sociales según el cual las fuerzas de seguridad se dirigían hacia ella.
Por descontado, no soy el único que vive con miedo a las detenciones arbitrarias. Muchas organizaciones clave de derechos humanos de Egipto han sufrido asaltos en sus oficinas o se enfrentan a investigaciones, a menudo por trabajar sin autorización o por recibir financiación del extranjero.
El grado en que los organismos de seguridad desprecian el Estado de derecho, aplican leyes de forma arbitraria y faltan a su deber de hacer cumplir los derechos consagrados en la Constitución y la legislación egipcias, por no mencionar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es verdaderamente escalofriante. La judicatura egipcia parece no poder o no querer poner fin a las violaciones graves contra los derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas, la tortura y la muerte bajo custodia.
Mi propia organización, la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, ha estado últimamente en primera línea de batalla para pedir el fin de las desapariciones forzadas en Egipto, donde decenas de personas han desaparecido a manos del gobierno. Nuestra campaña Fin a las Desapariciones Forzadas movilizó a activistas en las redes sociales y apoyó a las familias de las personas desaparecidas, ofreciéndoles documentación y asistencia letrada gratuita. Esta atención hizo que, finalmente, los medios de comunicación convencionales hablaran del tema y, como resultado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos tuviera que informar al Ministerio del Interior de más de 100 casos de desaparición. Tras los desmentidos iniciales, el Ministerio del Interior se vio obligado a reconocer, en una rectificación vergonzosa, que, efectivamente, los nombres presentados por el Consejo correspondían a personas detenidas por las autoridades.
Esta campaña es, tal vez, una de las principales razones por las que nuestra organización y nuestro personal sufren ahora intimidaciones de forma rutinaria y ataques habituales en los medios de comunicación.
Nuestro informe reciente sobre el tema concluía que la Agencia de Seguridad Nacional, auspiciada por el Ministerio del Interior, y el Servicio de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, estaban implicados en el secuestro y la reclusión en régimen de incomunicación de personas detenidas en una serie de lugares como la infame prisión militar de Azouli.
Todos los defensores y defensoras de los derechos humanos saben que el precio de decir la verdad ante las acciones injustas del gobierno puede ser alto. Pero la acción pacífica, guiada por los principios de humanidad, es más fuerte que todos los instrumentos de represión.
Quienes defienden los derechos humanos deben orientarse por esos principios, especialmente ante la intimidación despiadada. La denuncia de violaciones de derechos humanos en cualquier lugar del mundo ofrece inspiración y fortalece al colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos en el país correspondiente. Cuando se gana una batalla de derechos humanos en un país, esa victoria acerca un poco más a todo el resto a la libertad y la justicia.
Mohamed Lotfy es director ejecutivo de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, y ex investigador de Amnistía Internacional.
La revista digital británica Independent, en su sección Voces, publicó originalmente una versión editada de esta entrada de blog.