Este tipo de agresiones constituyen una violación grave del derecho de las mujeres a la integridad física. Por principio, debe caer todo el peso de la ley sobre los autores de cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres, con independencia de su procedencia.
Se debe hacer el mayor esfuerzo para garantizar que estos episodios no aumentan el racismo en la sociedad en general, ni la violencia por motivos raciales contra personas refugiadas y migrantes.
Los extremistas de derechas, así como algunos políticos conservadores, están alimentando la xenofobia y el racismo al convertir el problema de la violencia sexual contra las mujeres en una herramienta para discriminar a refugiados y migrantes, lo que sienta un peligroso precedente. Los políticos y los medios de comunicación no deben enfrentar los derechos de las mujeres y niñas a los derechos de refugiados y migrantes.
Amnistía Internacional rechaza los llamamientos actuales de aumentar los controles de personas, incluso si no están bajo sospecha. En la práctica, esto podría desembocar en un incremento de la actuación según perfiles raciales.
Los gobiernos no deben permitir que los delitos cometidos por un número muy reducido de hombres determinen la suerte de millones de refugiados en Europa.
Estas agresiones no deben influir en la política de asilo.