El reprobable uso que hacen las autoridades japonesas de la pena de muerte no da señales de reducirse, pues hoy han sido ejecutados otros dos hombres, con lo que asciende ya a 14 el número total de ejecuciones que han tenido lugar con el gobierno del primer ministro Shinzo Abe, ha manifestado Amnistía Internacional.
La madrugada del viernes fue ejecutado en un centro de detención de Tokio Sumitoshi Tsuda, de 63 años. Ha sido la primera ejecución de una persona condenada a muerte en un juicio celebrado por jueces legos. En 2011 había sido declarado culpable del asesinato de tres vecinos. En el centro de detención de Sendai, en el noreste de Japón, ha sido ejecutado Kazuyuki Wakabayashi, de 39 años. Había sido condenado a muerte en 2007 por robo y violencia, causando la muerte de dos personas.
El afán de las autoridades japonesas por llevar a cabo ejecuciones es escalofriante, y debe acabar antes de que se quite la vida a más personas. La pena de muerte no es justicia, ni tampoco una solución a la delincuencia, sino una forma cruel de castigo que no respeta la vida”, ha señalado Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre el este de Asia.
“Japón debe declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones como primera medida para la abolición de la pena de muerte.”
Japón va a contracorriente de la historia en lo que se refiere a la pena de muerte y forma parte de una pequeña minoría de países del mundo que continúan llevando a cabo ejecuciones. En 2014 sólo hubo ejecuciones en 22 países, y a fecha de noviembre de 2015, 140 países de todo el mundo habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
A primeros de diciembre, el Parlamento mongol aprobó legislación que, cuando entré en vigor en septiembre de 2016, supondrá la abolición de la pena de muerte en el país.
“Si los políticos de Japón no toman medidas y dan muestras de liderazgo, como ha hecho el presidente Elbegdorj de Mongolia, el país continuará anclado en el pasado”, ha afirmado Roseann Rife.
“El uso continuo que hace Japón de la pena de muerte hace que destaque, en todo el mundo y cada vez más también en la región del este de Asia, por todo lo que no debería.
Información complementaria
Las ejecuciones en Japón están envueltas en un manto de secretismo, y lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados sólo unas horas antes, aunque en algunos casos no reciben aviso alguno. Por lo general, a sus familiares y sus abogados no se les notifica la ejecución hasta que se ha producido.
La falta de salvaguardias jurídicas adecuadas para los condenados a muerte de Japón ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.
Entre otras cosas, a los acusados se les niega la asistencia letrada adecuada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado ,y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.