Las autoridades de Kuwait han detenido, procesado y encarcelado a decenas de activistas pacíficos, incluidos defensores de los derechos humanos y opositores políticos, en su intento de silenciar las críticas y castigar la disidencia, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy.
El informe, titulado The ‘iron fist policy’: Criminalization of peaceful dissent in Kuwait, detalla la represión de la libertad de expresión que viene produciéndose en Kuwait desde 2011, en el marco de un deterioro general de la situación de los derechos humanos en el país, y pone de manifiesto cómo las autoridades recurren cada vez más a numerosas leyes restrictivas para silenciar las voces críticas.
“En los cinco años transcurridos desde el inicio de la oleada de protestas populares en el mundo árabe hemos asistido a una erosión constante e implacable de los derechos humanos en Kuwait, a medida que las autoridades aumentan la represión de la disidencia. Decenas de críticos pacíficos han sido detenidos y encarcelados por el mero hecho de pronunciarse contra la sombra de represión generalizada", ha dicho James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional .
"Aun no es demasiado tarde para invertir esta espiral de violaciones de derechos humanos". Kuwait vive un momento crítico. El gobierno está ante una clara disyuntiva: dejar que el país caiga en una represión más profunda o tomar medidas urgentes para demostrar que sus declaraciones públicas de compromiso con los derechos humanos son algo más que promesas vacías."
La represión comenzó en 2011, en reacción a las manifestaciones organizadas por miembros de la comunidad bidun (apátridas).
Sin embargo, fue con el torrente de protestas que se produjo durante las manifestaciones de dignidad nacional (Karamat Watan) de 2012, en las que miles de personas tomaron las calles para oponerse a una nueva ley electoral y protestar contra las denuncias de corrupción del gobierno, cuando las autoridades actuaron para restringir la libertad de expresión en Kuwait, violando sus obligaciones internacionales.
Al continuar las protestas, acompañadas por una oleada de críticas en las redes sociales, el gobierno anunció una "política de puño de hierro" en 2014, prometiendo "hacer frente de manera firme y decidida a todo lo que pudiera socavar el Estado, sus instituciones y la Constitución".
Las autoridades siguieron estrangulando la libertad de expresión mediante una red de leyes imprecisas y generales contra la difamación. Además, cerraron medios de comunicación e invocaron la Ley de Nacionalidad del país para retirar la ciudadanía a algunos críticos.
En particular, en los últimos años se ha producido un aumento de las actuaciones judiciales ante comentarios considerados "ofensivos" o "injuriosos" para el emir de Kuwait y otros gobernantes árabes, o percibidos como "lesivos" para las autoridades.
En los últimos dos años, los medios de comunicación kuwaitíes han informado sobre más de 90 casos de personas que se enfrentan a tales cargos ante los tribunales.
Las leyes actuales castigan con cinco años de cárcel cualquier expresión que socave o ponga en tela de juicio la figura del emir.
También está penado reproducir las palabras del emir sin permiso oficial. Leyes similares regulan los comentarios que se consideren peligrosos para la seguridad nacional o difamatorios de la religión o las figuras religiosas.
"No se debe enviar a nadie a la cárcel sólo por expresar pacíficamente su opinión, por muy desagradable que ésta pueda resultar a quienes están en el poder", ha dicho James Lynch.
“Las leyes que reprimen la libertad de expresión son totalmente contrarias al derecho internacional. En lugar de ponerse a la defensiva, las autoridades de Kuwait deben reconocer las críticas y considerar este tipo de comentarios una oportunidad para el debate y el diálogo."
Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las figuras políticas, incluidos los jefes de Estado, "pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política".
Muchas de las personas encarceladas en la actual campaña de represión son presos y presas de conciencia, elegidos sólo por ejercer sin violencia su derecho a expresarse libremente.
Algunos activistas se enfrentan a numerosos cargos y están inmersos en múltiples y costosos pleitos, enfrentándose cíclicamente a procedimientos judiciales y condenas de cárcel. Los procesos judiciales en ocasiones se extienden durante largos periodos –incluso años–, pues los retrasos y los aplazamientos son habituales.
“Las autoridades han recurrido a una red de leyes sorprendentemente intrincada para tratar de reprimir la libertad de expresión en el país", ha dicho James Lynch.
“Muchos activistas tropiezan con unos trámites burocráticos aparentemente inacabables en los procedimientos judiciales, que parecen formar parte de una estrategia deliberada del gobierno para acosar a los activistas pacíficos y acallarlos por desgaste, y de paso que esto sirva de advertencia a otros para que no se pronuncien."
El mejor ejemplo de este fenómeno es el caso de Musallam al–Barrak, ex parlamentario de la oposición y declarado crítico del gobierno, acusado de perjudicar e injuriar al emir tras pronunciar un discurso crítico y condenado a dos años de cárcel. Hubo un momento del año pasado en que Musallam al–Barrak se enfrentaba a 94 procesos penales simultáneamente, en un intento evidente de las autoridades de hostigarlo e intimidarlo para que guardara silencio.
Un grupo de 67 personas que en abril de 2013 participaron en una concentración pacífica para solidarizarse con el ex parlamentario repitiendo su discurso, fueron detenidas cuando las fuerzas de seguridad disolvieron la protesta, y posteriormente acusadas de "injuriar al emir".
Las leyes de Kuwait llegan incluso a penalizar el uso de determinados medios para comunicar mensajes "injuriosos". Una nueva ley sobre ciberdelitos (delitos electrónicos) que entrará en vigor a comienzos de 2016, podría ofrecer a las autoridades nuevas opciones para procesar a los disidentes por expresar pacíficamente sus opiniones a través de Internet. Amnistía Internacional pide al gobierno que revise urgentemente esta ley y aplace su aplicación.
El 9 de diciembre, la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior recordaba a los usuarios kuwaitíes de Twitter su obligación de atenerse a "la moral pública y las leyes del país" en sus tuits, advirtiéndoles que la ley se hará cumplir estrictamente "ante todo lo que resulte lesivo para el país".
Una de las personas encarceladas por estas leyes es Abdallah Fairouz, defensor de los derechos humanos y activista político, condenado a cinco años de cárcel por unos tuits de hace más de dos años en los que afirmaba que nadie debía gozar de inmunidad frente al procesamiento por el hecho de residir en un palacio real.
Rana al-Sa’adoun fue condenada a tres años de cárcel en junio de 2015 por publicar un discurso de Musallam al-Barrak en YouTube. Ha recurrido la sentencia.
Durante el examen del historial de derechos humanos de Kuwait en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2015, el gobierno kuwaití prometió aceptar nueve recomendaciones concretas por las que se comprometía a respetar y defender las normas internacionales sobre libertad de expresión . Has ahora no ha habido señal alguna de que haya cumplido estos compromisos.
En lugar de acorralar a los críticos como si fueran delincuentes, las autoridades de Kuwait deben demostrar que hablan en serio sobre los derechos humanos poniendo en libertad urgentemente a todos los presos y presas de conciencia, derogando o revisando leyes que se utilizan para reprimir la libertad de expresión y cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", ha dicho James Lynch.