Las autoridades del estado de Lagos deben actuar de inmediato para proteger a cientos de familias del asentamiento informal de Badia East que hoy están siendo objeto de desalojo forzoso, ha dicho Amnistía Internacional. Las demoliciones comenzaron esta tarde. La policía había visitado la comunidad pidiendo a los residentes que desalojaran sus viviendas. Las excavadoras habían llegado al asentamiento informal el viernes a primera hora de la mañana. El día anterior se habían pintado en rojo avisos de la ejecución de la sentencia en las paredes de los edificios que iban a ser desalojados. A los residentes se les avisó de la demolición con sólo un día de antelación y, hasta la fecha, no se les ha ofrecido un recurso adecuado ni un alojamiento alternativo, y el jefe local no ha llevado a cabo ninguna consulta formal con los afectados.
Cientos de personas de Badia East se despertaron esta mañana con el espeluznante espectáculo de las excavadoras ante sus casas. Sin que se les haya avisado adecuadamente, corren grave peligro de ser desalojadas a la fuerza debido a una sentencia judicial contra la que no tienen posibilidad de recurrir", ha dicho Morayo Adebayo, investigador sobre Nigeria de Amnistía Internacional. "Las autoridades del estado de Lagos deben actuar urgentemente para cumplir con su responsabilidad de garantizar que estas personas están protegidas frente a cualquier intervención arbitraria o ilegal en sus casas."
Esta amenaza de desalojo se produce tras la sentencia dictada por un tribunal a favor de un jefe local, que trata de reclamar las tierras en las que están construidas las viviendas y estructuras en peligro en Badia East. Aunque el caso llegó a los tribunales, las personas afectadas por la sentencia no fueron parte en el pleito, motivo por el cual no pueden presentar recurso. Además, tampoco fueron consultadas por las autoridades sobre las demoliciones y los desalojos previstos, como dispone el derecho internacional. En febrero de 2013, el gobierno del estado de Lagos envió a las excavadoras a Badia East y derribó más de 200 estructuras, sometiendo a desalojo forzoso a 9.000 personas. Los afectados aún no han recibido una indemnización adecuada ni un recurso efectivo.
"La demolición de viviendas y negocios no sólo destruirá sus medios de vida y dejará a cientos de ellos sin techo, sino que será una violación de la obligación del Estado en virtud del derecho internacional", ha dichoMorayo Adebayo.
"Se trata de un grave error judicial y al gobierno del estado de Lagos le corresponde claramente proteger a estas personas."