Las autoridades iraníes deben detener de inmediato la ejecución de la condena de muerte impuesta a Salar Shadizadi por un delito cometido cuando era menor de edad y garantizar que se accede sin demora a la revisión judicial solicitada de nuevo por sus abogados esta semana, ha manifestado Amnistía Internacional.
La ejecución de Salar Shadizadi, encarcelado y condenado a muerte por un delito cometido cuando tenía 15 años, estaba prevista en principio para el 1 de agosto, pero se aplazó hasta el día 10 tras las muestras de indignación internacional.
“Llevar a cabo la ejecución de Salar Shadizadi supondría un terrible incumplimiento de las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe terminantemente la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años. Además, llevar a cabo una ejecución cuando se ha pedido una revisión judicial supone una afrenta a la justicia", ha señalado Said Boumedouha, director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Salar Shadizadi, que tiene ahora 24 años, fue condenado a muerte, tras ser declarado culpable del asesinato de un amigo en 2007, en virtud del principio islámico de qesas (castigo equivalente al delito), que otorga a la familia de la víctima el derecho exclusivo de conceder un indulto.
“Las autoridades iraníes eluden sus responsabilidades al condenar a Salar Shadizadi a muerte y afirmar después que su suerte está en manos de la familia afectada. Deben anular de inmediato la condena y concederle un nuevo juicio, que sea justo y en el que no se recurra a la pena muerte", ha explicado Said Boumedouha.
En 2013, Salar Shadizadi pidió una revisión de la causa contra él con arreglo a una disposición del Código Penal revisado de Irán, vigente desde mayo de 2013, que permite a los jueces no imponer la pena de muerte si determinan que el acusado era menor en el momento del delito y no comprendía la naturaleza de éste ni sus consecuencias, o si hay dudas acerca de su "desarrollo mental y madurez".
Amnistía Internacional tiene entendido que el Tribunal Supremo de Irán accedió a ello, pero que no se llegó a celebrar un nuevo juicio. En cambio, se derivó a Salar Shadizadi a la Organización de Medicina Legal, que determinó que no podía examinar su desarrollo mental