La máxima autoridad constitucional del país ha respaldado todos los artículos salvo tres de una nueva ley sobre vigilancia que entrará en vigor en unos días, dando a las autoridades francesas amplias facultades para vigilar a las personas por Internet y fuera de Internet, ha declarado hoy Amnistía Internacional. El gobierno francés se apresuró a llevar al Parlamento el proyecto de ley sobre Inteligencia tras los atentados de París de principios de año, haciendo oídos sordos a la fuerte oposición de grupos de derechos humanos, jueces, empresas de tecnología, sindicatos, abogados y parlamentarios, así como a las críticas de los órganos internacionales de derechos humanos. “La decisión de anoche elimina el último obstáculo para una ley que asestará un duro golpe a los derechos humanos en Francia. Las medidas de vigilancia que autoriza esta ley son muy desproporcionadas. Grandes sectores de la población francesa podrían encontrarse pronto bajo vigilancia por razones poco claras y sin autorización judicial previa", dijo Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. “Aunque se ha denunciado en todo el mundo la vigilancia masiva que realizan las agencias de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, parece que las autoridades francesas quieren imitar a sus homólogos estadounidenses y británicos al arrogarse el derecho de interceptar las comunicaciones de la ciudadanía y accedan a ellas a voluntad." La decisión se produce apenas dos días después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de estudiar el cumplimiento por Francia de sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados, criticara la ley por conferir al gobierno francés "facultades de vigilancia excesivamente amplias". A pesar de la opinión de la ONU, el Consejo Constitucional no anuló la disposición que permite que sea el primer ministro —y no un juez— quien autorice la vigilancia, ni la legalidad de los fines contemplados en la ley para los que se permite la vigilancia. Los problemas clave de la ley, en su redacción actual, son: • Permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia intrusivas para fines generales y poco definidos como "intereses de política exterior importantes", proteger los "intereses económicos, industriales y científicos" de Francia y prevenir la "violencia colectiva" y la "delincuencia organizada". • Permite el uso de herramientas de vigilancia masiva que captan llamadas de teléfonos móviles y de cajas negras (con fines antiterroristas) en los proveedores de servicio de Internet que recogen y analizan los datos personales de millones de usuarios de Internet. • Falta de supervisión independiente: En lugar de obtener la autorización de un juez, el primer ministro sólo tendría que pedir la opinión de un nuevo organismo, el Comité Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia, sin estar obligado a seguirla. • Será muy difícil, cuando no imposible, que una persona averigüe si se la está espiando ilegalmente o que alguien pueda denunciar desde dentro el abuso de las facultades de vigilancia. El Consejo Constitucional anuló uno de los artículos más excesivos de la ley, relativo a la vigilancia de comunicaciones internacionales, que habría permitido la interceptación de comunicaciones "enviadas o recibidas" desde otro país. Amnistía Internacional había advertido de que esto habría incluido prácticamente todas las comunicaciones por Internet. También anuló un artículo que habría permitido que las agencias de inteligencia realizaran actividades de vigilancia sin ninguna autorización, ni siquiera del primer ministro, en caso de "amenazas urgentes". “Esta ley viola flagrantemente los derechos humanos internacionales a la intimidad y a la libertad de expresión. Cualquier persona que investigase las actividades del gobierno francés o de una empresa francesa, o que organizara siquiera una protesta, podría ser sometida a formas de vigilancia muy intrusivas. Las herramientas de vigilancia masiva, como las cajas negras, pondrían las comunicaciones por Internet de toda la población y más allá al alcance de las autoridades francesas", dijo Geneviève Garrigos, directora de Amnistía Internacional Francia. Los grupos de derechos humanos franceses, incluido Amnistía Internacional Francia, alegaron que el proyecto de ley de Inteligencia era anticonstitucional en un escrito presentado ante el Consejo Constitucional el 10 de julio.