Los miembros del Consejo de Seguridad deben utilizar una reunión con las ONG en las Naciones Unidas que se celebrará el 26 de junio para acordar las medidas que tomarán para hacer cumplir la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad, que solicita el fin de los ataques directos e indiscriminados contra la población civil en Siria, ha dicho Amnistía Internacional.
La organización insta al Consejo de Seguridad a que imponga un embargo de armas al gobierno Sirio, así como sanciones a quienes en cualquiera de los bandos sean responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este tipo de medidas podrían ayudar a que cesaran los ataques contra civiles con bombas de barril y "cañones del infierno", así como el uso de gas de cloro y otros productos químicos como armas.
"Hace un año y medio, el Consejo de Seguridad se comprometió a tomar nuevas medidas si la Resolución 2139 era violada por los bandos del conflicto. El hecho de que desde entonces no hayan cedido los ataques indiscriminados y otras violaciones en toda Siria demuestra que dicha resolución ha sido violada de forma persistente y flagrante", ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el norte de África de Amnistía Internacional.
"A menos que se haga cumplir la Resolución 1239, la población civil de Siria seguirá atrapada en un derramamiento de sangre sin fin, causado por el uso ilegal de armas explosivas como las bombas de barril"el Consejo de Seguridad ya ha impuesto embargos de armas a los grupos armados conocidos como Estado Islámico y Yabhat al Nusra. Su Resolución 2139 también pide que queden en libertad las personas detenidas ilegalmente y que todos los bandos faciliten la entrega de la tan necesaria ayuda humanitaria.
Amnistía Internacional pide también al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional. Estas medidas castigarían a los perpetradores, proporcionarían justicia a las víctimas y disuadirían de que se cometieran futuras violaciones, como ataques ilícitos con bombas de barril y armas químicas.
En un informe publicado en mayo de 2015, Amnistía Internacional puso de manifiesto la devastación y el horror que causaron en Alepo las bombas de barril (bombas explosivas no guiadas de fabricación local que el gobierno sirio lanza desde helicópteros), que a menudo caen en hospitales, colegios y otras zonas civiles densamente pobladas. El informe concluyó que estos bombardeos formaban parte de un ataque generalizado contra la población civil para promover una política estatal. Por consiguiente, Amnistía Internacional considera que tales ataque constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los ataques continúan regularmente en toda Siria. La semana pasada, bombas de barril destruyeron un centro de Médicos sin Fronteras, el hospital de Busra en Dera, en el sur de Siria.
Esta semana, Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la comisión internacional independiente de investigación sobre Siria, denunció los constantes ataques contra la población civil del país, que, según afirmó, están causando "un sufrimiento atroz".
“Recientemente, algunos miembros del Consejo de Seguridad, Estados miembros de la ONU y el enviado especial para Siria han criticado abiertamente el uso indiscriminado de armas en Siria, pero su condena no es suficiente. Hay medidas concretas que la ONU puede y debe tomar para reducir las violaciones contra la población civil y disuadir de que se cometan", ha dicho Philip Luther.
“Rusia, que ha bloqueado anteriores medidas del Consejo de Seguridad contra violaciones cometidas por el gobierno sirio, apoyó la Resolución 2139 y no debe entorpecer su aplicación para proteger a la población civil."
La reunión con arreglo a la "fórmula Arria" convocada por Francia y España el 26 de junio ofrece una oportunidad excepcional para que los miembros del Consejo de Seguridad escuchen a las ONG que han estado documentando el devastador impacto del uso indiscriminado de armas explosivas y aborden la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Siria.
El Consejo de Seguridad también debe tomar otras medidas para aplicar la Resolución 2209 –que fue adoptada después de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmara que el gas cloro se había utilizado como arma en Siria– en vista de que el gobierno sirio sigue sin cumplir con la prohibición de utilizar este tipo de armas químicas. La resolución también permite que el Consejo de Seguridad tome medidas, incluidas sanciones económicas y acciones militares, para hacer cumplir sus resoluciones, con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.