El nuevo tribunal penal especial debe empezar a funcionar ya
El Consejo Nacional de Transición de la República Centroafricana ha tomado medidas decisivas para que las víctimas de atrocidades obtengan justicia aprobando una ley destinada a establecer un Tribunal Penal Especial dentro del sistema de justicia nacional; así lo han afirmado hoy 23 organizaciones de derechos humanos centroafricanas e internacionales.
El proyecto de ley, que el gobierno remitió al Parlamento transicional el 6 de febrero de 2015, fue aprobado por abrumadora mayoría en sesión plenaria el 22 de abril. El tribunal especial se encargará de investigar y procesar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la República Centroafricana desde 2003.
“Al aprobar la creación del Tribunal Penal Especial, los miembros del Consejo Nacional de Transición dijeron que "ya basta" de impunidad y demostraron que están firmemente del lado de las víctimas que perdieron la vida o padecieron atrocidades", han afirmado las organizaciones de derechos humanos. “No hay tiempo que perder, el gobierno y sus socios internacionales deben garantizar que el Tribunal Penal Especial esté listo y funcionando cuanto antes."
El tribunal, según lo dispuesto en la ley, será un mecanismo judicial híbrido de jueces centroafricanos e internacionales constituido dentro del sistema de justicia centroafricano por un periodo prorrogable de cinco años. El tribunal tendrá un presidente centroafricano y un fiscal especial internacional. Habrá mayoría de jueces nacionales.
Las autoridades centroafricanas han reconocido reiteradamente la debilidad del sistema de justicia nacional, afirman las organizaciones. Los años de conflicto han hecho estragos en el sistema, que carece de personal, recursos económicos y conocimientos especializados para abordar investigaciones difíciles sobre delitos complejos. Dado que en las investigaciones se abordarán atrocidades cometidas por grupos armados que siguen actuando en la República Centroafricana, el Tribunal Penal Especial también cumplirá la importante función de facilitar protección y seguridad al personal judicial, las víctimas y los testigos.
"La investigación de los casos de delitos masivos es sumamente compleja, no se pueden tratar como un caso ordinario de robo", han afirmado las organizaciones. El Tribunal Penal Especial será una herramienta especializada que sirva al sistema de justicia centroafricano para abordar las violaciones graves de derechos humanos y garantizar la seguridad de jueces y testigos."
Catherine Samba-Panza, jefa interina del Estado, debe firmar ya la entrada en vigor de la ley que establece el Tribunal Penal Especial. La ley dispone un establecimiento por etapas del tribunal. La policía judicial, los jueces instructores, y la fiscalía empezarán a trabajar primero, para que las investigaciones comiencen cuanto antes.
Según las organizaciones, numerosas víctimas de delitos graves cometidos desde 2012 están esperando que se haga justicia. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA), fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, ya ha detenido a varias personas en meses recientes por presunta participación en delitos graves, incluidos tres jefes de la milicia llamada "antibalaka", y las actuaciones judiciales en su contra deben avanzar. Para que sea una realidad y esté preparado para investigar y juzgar las atrocidades que se siguen cometiendo en el país, el Tribunal Penal Especial debe disponer de personal competente, financiación y apoyo político en el plano nacional e internacional, han afirmado las organizaciones.
Tanto el memorando de entendimiento firmado entre el gobierno y la MINUSCA como la ley por la que se establece el tribunal prevén que la MINUSCA brindará considerable ayuda al nuevo tribunal, sobre todo apoyo en materia de logística, investigaciones, detenciones y nombramientos del personal internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU debe facilitar apoyo económico y logístico al tribunal a través del mandato de la MINUSCA, cuya renovación está prevista en abril.
Es fundamental que los jueces y expertos internacionales que apoyen al personal nacional tengan experiencia en el enjuiciamiento de los más graves delitos, así como el ánimo de compartir esa experiencia y trabajar en estrecha colaboración con sus colegas centroafricanos, han dicho las organizaciones.
Las organizaciones señalaron que el pleno del Consejo Nacional de Transición había suprimido de la ley una disposición que establecía expresamente que no debía existir inmunidad de ninguna clase ante el Tribunal Penal Especial, de conformidad con el derecho internacional relativo a delitos graves de derecho internacional. Sin embargo, el artículo 162 del Código Penal centroafricano establece claramente que no puede haber inmunidad procesal por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Tampoco es aplicable la inmunidad ante la Corte Penal Internacional. Además, las organizaciones señalaron que, tras la fase de apelación, sólo en circunstancias excepcionales debería celebrarse un nuevo juicio basado en nuevos datos, y debería hacerse en estrictas condiciones ante el Tribunal Penal Especial.
La nueva ley dispone asimismo la necesidad de cooperación con la Corte Penal Internacional, que abrió una segunda investigación en la República Centroafricana en septiembre de 2014. Será la primera vez que se establezca un tribunal híbrido en un lugar donde también está actuando la Corte Penal Internacional.
La República Centroafricana lleva sumida en una grave crisis desde principios de 2013, cuando los rebeldes de la coalición Seleka, en su mayoría procedentes del norte del país, tomaron el poder en una campaña caracterizada por las masacres de civiles, la quema y el saqueo de viviendas y otros delitos graves. A mediados de ese año, las milicias autodenominadas "antibalaka" se organizaron para combatir a Seleka. Los "antibalaka" 3mpezaron a cometer ataques de represalia en gran escala contra civiles, en su mayoría musulmanes sospechosos de apoyar a Seleka. Miles de personas murieron y ciento de miles se vieron desplazadas por el conflicto.
"Con la remisión de casos a la Corte Penal Internacional y el establecimiento de un tribunal híbrido, la República Centroafricana está innovando y demostrando su firme compromiso en la lucha contra la impunidad por los delitos más graves", han afirmado las organizaciones. “Ambos tribunales tendrán que compartir la carga de trabajo y establecer acuerdos que regulen su cooperación para potenciar al máximo su eficiencia y aumentar las posibilidades de hacer justicia."