El estado de Texas debe detener de inmediato su vergonzoso plan de ejecutar a un hombre con una discapacidad intelectual severa. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando queda menos de una semana para la fecha prevista de la ejecución.
Está previsto que Scott Panetti, un hombre de 56 años cuya enfermedad mental precedió y contribuyó al doble asesinato cometido en 1992 por el que fue condenado a muerte, sea ejecutado en Texas poco después de las seis de la tarde, hora local, del 3 de diciembre. Su enfermedad mental afectó a la celebración de su juicio y persiste hasta el día de hoy. Scott Panetti ha pasado casi 20 años en el “corredor de la muerte”.
“En el siglo XXI, una clara mayoría de los países han abandonado cualquier tipo de ejecución, no digamos ya las de personas que padecen enfermedades mentales graves. Aunque consideramos que la pena de muerte nunca es justa, incluso quienes apoyan el homicidio judicial deberían darse cuenta de la manifiesta injusticia patente en ese caso”, ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.
“Nunca es demasiado tarde hasta que se administra la inyección letal. La junta de libertad condicional puede votar a favor de la conmutación. El gobernador puede detener la ejecución, incluso aunque la junta no emita una recomendación al respecto. La ejecución de Scott Panetti, si se decide llevarla a cabo, será una vergonzosa muesca más en el funesto historial de pena de muerte de Estados Unidos.”
Scott Panetti ya había sido hospitalizado más de una docena de veces por esquizofrenia y otras enfermedades mentales cuando, poco después de su última hospitalización en 1992, mató a tiros a sus suegros.
Tal como señalaron en 2007 cinco jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, “existen en el expediente abundantes datos que respaldan la conclusión de que [Panetti] sufre fuertes delirios”, y el juez federal al que remitieron el caso concluyó que “Panetti sufre una grave enfermedad mental” y “estaba bajo la influencia de esta grave enfermedad mental” tanto en el momento del crimen como cuando se representó a sí mismo en el juicio
Scott Panetti insistió en defenderse a sí mismo en su juicio de 1995. Durante los procedimientos, se vistió de cowboy y presentó una defensa inconexa. Diversos testigos han descrito el juicio como una “farsa”, una “broma”, un “circo” y una “burla”.
Según sus abogados actuales, la enfermedad mental de Scott Panetti aún persiste, tal como consta en su expediente penitenciario. Los abogados han señalado que su cliente afirma “oír voces” y asegura que las autoridades penitenciarias le han implantado un “dispositivo de escucha” en un diente y quieren ejecutarlo para impedirle denunciar “la corrupción” y “predicar el evangelio”.
“La discapacidad intelectual de Scott Panetti y las consiguientes dudas sobre su ‘aptitud’ han impregnado el caso desde el principio. Es sumamente cuestionable que fuera apto para ser juzgado o para defenderse a sí mismo, o que comprenda realmente el motivo y la realidad de su castigo. Independientemente de que Texas tenga éxito o no en su defensa de esta condena de muerte ante los tribunales, la junta de indultos y el gobernador deben detener este vergonzoso homicidio, en aras de la moral, la compasión y los derechos humanos”, ha manifestado Rob Freer.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. A día de hoy, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Estados Unidos es uno de los únicamente nueve países del mundo que llevaron a cabo ejecuciones todos los años entre 2009 y 2013. Texas ha sido responsable de casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que en 1977 se reanudaron los homicidios judiciales en el país en virtud de las leyes revisadas de pena de muerte.
Información complementaria
En una sentencia dictada el 25 de noviembre con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas denegó una suspensión de la ejecución, tras decidir que carecía de jurisdicción respecto a la apelación. Cuatro de los nueve jueces discreparon, alegando que lo que había “en juego en este caso” justificaba que la Corte examinara la apelación. El no hacerlo, escribieron, podía dar lugar a “la ejecución irreversible y constitucionalmente inadmisible de una persona no apta mentalmente”.
En una segunda sentencia dictada el 26 de noviembre, esta vez con seis votos a favor y tres en contra, la Corte de Apelaciones en lo Penal se negó a examinar la alegación de que el imponer la pena de muerte a una persona con una enfermedad mental severa “es contrario a las normas morales contemporáneas” y, por tanto, viola la Constitución. En una enérgica opinión discrepante, uno de los jueces declaró que él habría admitido la alegación, y añadió que le resulta “inconcebible” “de qué manera la ejecución de una persona con una enfermedad mental grave como [Panetti] puede promover de forma mensurable los propósitos de castigo y disuasión a los que teóricamente sirve la pena de muerte”. Los otros dos jueces discrepantes declararon que habrían bloqueado la ejecución para que la cuestión hubiera podido estudiarse más a fondo.