La sentencia dictada ayer por una corte federal de apelaciones de Luisiana, ratificando un fallo de un tribunal inferior que anuló la sentencia condenatoria dictada contra Albert Woodfox, quien lleva más de 40 años en régimen de aislamiento después de un juicio por asesinato que adoleció de irregularidades, es un triunfo de la justicia que llega cuatro decenios tarde, ha afirmado Amnistía Internacional.
“Después de más de 40 años de lucha incansable por la justicia a través de los tribunales, debe concederse ya a Albert Woodfox su libertad”, ha afirmado Tessa Murphy, responsable de campañas sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional. “El Estado no debe obstaculizar ahora la acción de la justicia sino abstenerse de toda acción y permitir que este fallo se cumpla.”
La sentencia condenatoria dictada contra Albert Woodfox había sido anulada tres veces, la última en 2013, pero él ha permanecido en prisión tras presentar el estado de Luisiana sendos recursos contra tales fallos de anulación.
Ayer, los jueces federales fallaron que el nuevo juicio al que se sometió a Albert Woodfox en 1998 no fue justo debido a discriminación en la selección de la persona que presidió el jurado acusatorio estatal.
“Se le ha negado justicia y lleva más de la mitad de su vida recluido en una celda minúscula tras una sentencia condenatoria basada en pruebas y testimonios discutibles. Esta injusticia debe terminar ahora. Albert Woodfox debe ser puesto en libertad”, ha afirmado Tessa Murphy.
Albert Woodfox fue declarado culpable, junto con Herman Wallace, del asesinato de un guardia penitenciario en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en 1972.
Albert Woodfox ha pasado la mayor parte del tiempo que lleva en prisión recluido en una pequeña celda durante 23 horas al día, y se le ha negado el acceso a una interacción social significativa y a programas de rehabilitación. Lo mismo le ocurrió al difunto Herman Wallace.
Al igual que Herman Wallace, Albert Woodfox ha negado siempre cualquier participación en el crimen, y los dos afirmaron que se les involucró falsamente en el asesinato debido a su activismo político en la prisión como miembros del Partido de los Panteras Negras.
No había ninguna prueba material que los relacionara con el crimen, y las sentencias condenatorias se basaron principalmente en el discutible testimonio de un único testigo presencial que recibió un trato favorable en la prisión a cambio de su testimonio. Las pruebas incriminatorias presentadas en su contra se basaron en indicios viciados y estaban plagadas de errores procesales que han sido ampliamente documentados a lo largo de los años.
Herman Wallace, acusado en la misma causa junto a Albert Woodfox, fue puesto en libertad en octubre de 2013, sólo unos días antes de morir debido a un cáncer hepático. Un juez federal anuló la sentencia condenatoria dictada en su contra basándose en la exclusión sistemática de mujeres del jurado acusatorio durante su juicio en 1974.