La nueva misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana debe desplegarse íntegramente para poder garantizar la protección de una población civil vulnerable a graves violaciones de derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional coincidiendo con el despliegue de la misión.
La misión de la ONU toma el relevo de la fuerza para el mantenimiento de la paz de la Unión Africana (UA), y a Amnistía Internacional le preocupa que, con un despliegue inicial de sólo un 65 por ciento de su capacidad aproximadamente, tenga problemas para cumplir su mandato ampliado, que incluye proteger a la población civil y conseguir la estabilización y la seguridad del país.
“El paso de la fuerza de mantenimiento de la paz de la UA a la de la ONU no debe ser un mero cambio cosmético de boinas verdes a cascos azules, sino un nuevo punto de partida para la operación de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana", ha dicho Steve Cockburn, director regional adjunto de Campañas de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Apoyamos a la nueva misión de mantenimiento de la paz, pero nos preocupa que sólo pueda proteger eficazmente a la población civil de la amenaza de violencia física una vez que esté plenamente desplegada por todo el país”.
La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), que sustituye a la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), tiene la obligación de proteger a la población civil de la amenaza de violencia física, y concretamente a las mujeres y los niños y niñas afectados por el actual conflicto armado. Para cumplir esta obligación, la MINUSCA debe demostrar a la población de la República Centroafricana que su presencia supone una diferencia tangible sobre el terreno.
El despliegue inicial de la MINUSCA es de unos 7.600 efectivos. Amnistía Internacional pide a la ONU que permita a la misión de mantenimiento de la paz desplegar lo antes posible toda su capacidad acordada: unos 12.000 efectivos entre tropas y policía. Además, la organización pide que el resto del personal esencial, como los observadores de derechos humanos, sean desplegados sin demora.
“La diferencia entre el número de efectivos prometidos y desplegados debe salvarse urgentemente. Sólo cuando toda la fuerza esté sobre el terreno, patrullando y protegiendo la población civil de la República Centroafricana, la MINUSCA podrá cumplir adecuadamente su mandato de protección”, ha dicho Stephen Cockburn.
Amnistía Internacional ha documentado toda una serie de graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, cometidos por algunas tropas de la MISCA.
La organización pide a la ONU que se asegure de que a los integrantes de la MISCA sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana no se les permita formar parte de la MINUSCA y que sean investigados y ,en los casos en que haya suficientes pruebas, rindan cuentas de sus actos.
“Todos los presuntos incidentes en los que están implicados tropas de la UA deben ser investigados, y el deficiente sistema de examen de antecedentes actual debe mejorarse para garantizar que en la misión de la ONU no hay sitio para personas sospechosas de cometer violaciones de derechos humanos”, ha dicho Stephen Cockburn.
Al mes siguiente de un incidente sucedido en Bangui el 29 de marzo de 2014, en el que murieron unos 30 civiles y resultaron heridos cientos más por tropas de mantenimiento de la paz chadianas, Chad retiró unilateralmente sus tropas de la MISCA. El 24 de marzo de 2014 el contingente aportado por República del Congo se vio implicado en la desaparición forzada de al menos 11 personas. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, ningún integrante de la fuerza de mantenimiento de la paz de la MISCA ha sido procesado por violaciones de derechos humanos.
“Es fundamental que haya procesos de criba para garantizar que no se incorporan a la MINUSCA soldados y policías sospechosos de graves violaciones de derechos humanos”, ha dicho Stephen Cockburn.
“La ONU debe garantizar que su propia política sobre el examen de antecedentes de su personal en materia de derechos humanos se aplica en todas las ocasiones y que los historiales de soldados, policías y personal civil a este respecto están limpios, tanto en sus países como en el extranjero”.
El informe sobre la República Centroafricana publicado por Amnistía Internacional en julio está disponible en: https://www.amnesty.org/en/news/car-perpetrators-atrocities