La Corte Suprema de Justicia de El Salvador debe investigar posibles violaciones del derecho al debido proceso de 17 mujeres encarceladas por cuestiones relacionadas con el embarazo, Amnistía Internacional expresó hoy. En una carta dirigida al pleno de la Corte, la organización nombró los casos de 17 mujeres quienes han sido condenadas a penas de hasta 40 años de prisión. Algunas de ellas ya han cumplido más de 10 años de sus sentencias. “La información que hemos recibido nos indica que las 17 mujeres proceden de los sectores más pobres de la sociedad salvadoreña, y a todas ellas fue denegada una adecuada atención de salud materna,” afirmó hoy Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. Desde abril del presente año, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico junto con otras organizaciones por los derechos humanos de las mujeres han liderado una campaña solicitando indultos para las 17 mujeres. El movimiento de mujeres salvadoreño está haciendo incidencia con miembros de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, que tienen la responsabilidad de resolver sobre las peticiones de indulto antes de tramitarlas al Presidente de la República. En cada uno de los casos de las 17 mujeres existe razón para considerar que no se respetaron sus derechos al debido proceso, a una investigación imparcial y efectiva y a un juicio justo. La falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en el contexto salvadoreño, según lo que denuncia Amnistía Internacional, puede haber influenciado la condena de estas 17 mujeres y posiblemente de otras. “Amnistía Internacional manifiesta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que todas las personas tienen el derecho a gozar, sin discriminación alguna, de igualdad de protección ante la ley. Es sumamente preocupante que el trato de las 17 mujeres dentro del sistema de justicia penal haya sido influenciado por su situación socioeconómica y su género, impactando de forma negativa la recolección y evaluación de las pruebas utilizadas para condenarlas,” explicó Guevara Rosas. Amnistía Internacional en su comunicación hace referencia a las obligaciones internacionales que El Salvador tiene para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Entre ellas son la atención de la salud materna, el acceso a todos los métodos de anticoncepción moderna y acceso a servicios de aborto seguro y legal, al menos en los casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer o la niña, cuando sea resultado de violación o incesto, o en casos de malformación fetal grave.Información adicional La comunicación a la Corte Suprema de Justicia viene un mes antes de la publicación de un nuevo informe de Amnistía Internacional que expone la discriminación contra las mujeres en El Salvador. Mi Cuerpo, Mis derechos la campaña de Amnistía Internacional expone que decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida sexual y nuestra identidad es un derecho humano básico.