Cuando ha trascendido la noticia de que tres jueces se han recusado a sí mismos en una causa judicial masiva en Egipto, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación el hecho de que los juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se estén convirtiendo en un sombrío sello distintivo de la justicia egipcia.
Tres jueces que formaban el tribunal ante el que debía verse hoy miércoles la causa contra 494 personas se han recusado a sí mismos debido a objeciones planteadas por los abogados de los acusados. El Tribunal de Apelación de El Cairo designará posteriormente otro tribunal penal. La mayoría de los acusados podrían ser condenados a muerte en lo que viene a ser poco más que una pantomima, advierte la organización.
El juicio estaba relacionado con las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013 en Ramsis, El Cairo, donde murieron al menos 97 personas, la mayoría como consecuencia del uso temerario de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Entre los acusados hay 12 menores de edad, que han estado recluidos con adultos, lo que contraviene directamente la legislación egipcia.
“Este juicio iba a ser poco más que una pantomima. En los últimos meses los tribunales egipcios parecen haber dictado condenas a muerte masivas sobre la base de pruebas carentes de fundamento y con arreglo a procedimientos que adolecen de profundas deficiencias. Estos juicios mediáticos seguidos de condenas a muerte masivas se están convirtiendo en el sombrío sello distintivo de Egipto”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Más de 400 de los 494 enjuiciados están acusados formalmente de asesinato y tentativa de asesinato, delitos que normalmente son punibles con la muerte en virtud de la legislación egipcia. Contra los demás se han presentado cargos que van desde destruir bienes públicos hasta protestar sin autorización, pasando por atacar a las fuerzas de seguridad o dificultar el funcionamiento de las instituciones nacionales.
Entre las personas que serán juzgadas hay 12 menores de edad. Una de ellas es Ibrahim Halawa, ciudadano irlandés de origen egipcio que en el momento de su arresto tenía sólo 17 años. Ahora ya tiene 18. Amnistía Internacional ha llevado a cabo un examen exhaustivo de su caso.
Ibrahim y sus tres hermanas figuraban entre las personas arrestadas tras refugiarse en una mezquita. Recibió un disparo en una mano cuando las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el edificio, pero no se le permitió el acceso a atención médica para curar su herida, y el único tratamiento que recibió fue el que le dispensó un compañero de celda que era médico. Estuvo recluido con adultos, en contra de lo dispuesto en la Ley de la Infancia de Egipto, que estipula que los menores de edad deben ser recluidos en centros de detención de menores y estar separados de los adultos.
Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Ibrahim Halawa es un preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. La organización pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones y que se retiren todos los cargos presentados en su contra.
“El caso de Ibrahim no es más que uno de los muchos casos de injusticia que se están cometiendo en los tribunales de Egipto. Muestra la determinación del gobierno de incumplir abiertamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, ha afirmado Said Boumedouha.
Según informaciones de prensa, incluso el gran muftí, la personalidad religiosa más importante, se negó la semana pasada a refrendar condenas a muerte dictadas contra dirigentes de la Hermandad Musulmana argumentando que no había pruebas suficientes que respaldaran los cargos. Según los informes, el muftí agregó que los cargos presentados por el fiscal se basaban en su totalidad en investigaciones y testimonios de agentes de la seguridad nacional.
De acuerdo con el sumario de la causa que debía verse hoy, al que ha tenido acceso Amnistía Internacional, hay 100 testigos, en su mayoría agentes de policía o funcionarios del Estado.
“Todos los acusados deben disfrutar del derecho a un juicio justo en el que no pueda imponerse la pena de muerte. Deben ser juzgados en su presencia para que puedan escuchar e impugnar los argumentos de la acusación y presentar una defensa, en persona o a través de un abogado. Deben tener la posibilidad de llamar a testigos de descargo y de interrogar a los testigos de la acusación”, ha afirmado Said Boumedouha.
Información complementaria
Las protestas que tuvieron lugar los días 16 y 17 de agosto de 2013, en Ramsis, El Cairo, se llevaron a cabo en apoyo del depuesto presidente Mohamed Morsi, y en un principio fueron pacíficas. Sin embargo, después de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los manifestantes buscaron refugio en la mezquita de Al Fath, en la que estuvieron encerrados toda la noche. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos dentro de la mezquita que causaron la muerte por asfixia al menos de una mujer.
Hubo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad desde las zonas exteriores de la mezquita, en el que las fuerzas de seguridad afirman que estuvieron implicados los manifestantes. Sin embargo, investigadores de Amnistía Internacional que estaban presentes en esa ocasión han afirmado que de ningún modo los manifestantes pudieron disparar contra las fuerzas de seguridad ya que todos estaban encerrados dentro de la parte interior de la mezquita.