Justicia para todas las víctimas, la única forma de evitar una nueva espiral de violencia en Venezuela

Por Nuria García, Investigadora sobre Venezuela de Amnistía Internacional.
Las calles de Venezuela están casi irreconocibles. Las escenas de violencia que tuvieron lugar en el contexto de las protestas que coparon el país hace apenas unos meses parecen haber quedado atrás. Pero el trágico impacto de la escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos que dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos sigue latente en cada rincón del país.
Durante mi más reciente visita a Venezuela, tuve la oportunidad de hablar con algunas de las personas que sufrieron en carne propia aquellos abusos y que todavía reclaman justicia. Entre ellos está Ghina, la esposa de Guillermo Sánchez, una de las personas que perdieron la vida durante las protestas. Guillermo murió el 12 de Marzo en un hospital de la ciudad de Valencia – la tercera más grande del país – una hora después de que un grupo de civiles armados le dispararan y golpearan brutalmente. Guillermo estaba regresando a su hogar después de pintar la casa de su madre. Según testigos, el grupo de civiles armados estaba disparando contra quienes desde hacía días se encontraban bloqueando una vía pública en señal de protesta contra el gobierno. Tras dispararle, los civiles entregaron a Guillermo a la policía diciéndoles: “ahí tienen a un guarimbero (quienes bloqueaban las vías públicas en señal de protesta contra del gobierno), esperen más”.
La conversación con Ghina es precipitada. Ese mismo día la familia Sánchez estaba saliendo de Venezuela por temor a su seguridad. Desde que se inició la investigación por la muerte de Guillermo, Ghina ha sido objeto de intimidaciones. Cuando se dirigió a la comisaría de policía con el pedido de protección dispuesto por la fiscalía, los agentes se burlaron de ella. “No es fácil contar esta historia, pero la voy a seguir contando porque algún día se debe hacer justicia,” me dijo con lágrimas en los ojos. Las historias que dan cuenta del triste saldo de la violencia que se vivió durante casi dos meses en Venezuela se replicaron en cada ciudad que visité durante mi estadía en el país. En la ciudad de San Cristóbal, capital de Táchira, donde se iniciaron las protestas en Febrero, tuve la oportunidad de conocer a John Michael Ortiz. Este joven de 16 años experimentó en carne propia el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza con el que las fuerzas del orden respondieron a las manifestaciones.
La violencia es visible en las paredes de la casa de John Michael donde todavía pueden verse los impactos de los perdigones de goma que la policía disparó cuando perseguía a un grupo de manifestantes el 21 de Abril por la mañana.
“Yo me asomé y el policía al verme en el balcón apuntó el arma hacia mí y me disparó,” me explica. El perdigón de goma le alcanzó el ojo izquierdo y le quemó la retina. John Michael tuvo que ser sometido a dos operaciones quirúrgicas y todavía debe enfrentar más tratamientos. Es probable que pierda al menos un 80 por ciento de visión.
Pero los abusos a los derechos humanos que tuvieron lugar en Venezuela no se limitaron a las ciudades y campus universitarios. Durante mi visita, escuché decenas de relatos de manifestantes y viandantes que fueron torturados y mal tratados tras haber sido detenidos. Pocos evidencian la arbitrariedad con que actuaron las fuerzas del orden como el de Wuaddy Moreno, un joven campesino de 20 años de edad que reside en Cerro Palenque, en el municipio de Jauregui, en Táchira. Wuaddy fue arrestado en La Grita a pocos kilómetros de su casa por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la madrugada del 17 de Febrero, cuando regresaba en moto de una fiesta de cumpleaños. Los 15 efectivos que lo interceptaron lo acusaron de haber participado en las manifestaciones que en esos días se habían llevado a cabo. Inmediatamente lo llevaron junto a sus dos amigos a la plaza pública, donde los oficiales los golpearon para que admitieran que habían utilizado armas durante las protestas e implicaran al alcalde en la financiación de las mismas. Los oficiales además quemaron los brazos y piernas de Wuaddy con la punta caliente de un destornillador. Los guardias luego le bajaron los pantalones e intentaron violarlo con el objeto caliente, provocándole serias lesiones cerca de los testículos.
Cuando conversé con Haydee, la madre de Wuaddy al calor de la leña y rodeadas del aroma de la sopa de gallina y arepas de maíz que estaba cocinando, me contó que cuando decidieron denunciar los abusos, dos oficiales de la Guardia Nacional fueron a visitarla. Los oficiales le pidieron que retiraran el reclamo, que debajo del uniforme de ese Guardia Nacional había un ser humano.
“Debajo de los pantalones que le bajaste a mi hijo también había un ser humano,” les respondió entonces Felipe, el padre de Wuaddy. Cuando me reuní con la Fiscal General y le pregunté sobre el progreso en las más de 200 investigaciones en curso por denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos de Guillermo, John Michael y Wuaddy, la Fiscal me reiteró su condena hacia estos hechos y su compromiso de esclarecer todas las responsabilidades y hacer justicia.
Ghina, John Michael y Wuaddy, al igual que el resto de las personas que me confiaron sus relatos, las víctimas de la violencia en las barricadas y las víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, se mantienen escépticas.
La justicia es indispensable porque sin ella, el riesgo de que Venezuela caiga en una nueva espiral de violencia y abusos es demasiado real.
La única forma de detener esta impensable posibilidad es que el Estado venezolano recobre la confianza de su población ofreciendo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, esclareciendo todas las responsabilidades y llevando a todos los responsables ante la justicia. Por su parte, todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, deben condenar las protestas violentas y emplear su influencia para ponerles fin, comprometiéndose a poner al frente de la agenda política el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. Solo así Venezuela estará encaminada a ser un país en el que el diálogo constructivo sea la única opción.

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