Israel/Gaza: Ante el aumento de víctimas civiles, la ONU debe imponer un embargo de armas y encargar una investigación internacional

Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación internacional bajo el mandato de la ONU sobre las violaciones perpetradas por todas las partes mientras se producen los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza y continúa el lanzamiento indiscriminado de cohetes de grupos armados palestinos contra Israel.
Desde que Israel lanzara la operación Margen Protector a primera hora de la mañana del 8 de julio, más de un centenar de palestinos han muerto en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles que no participaban directamente en las hostilidades –incluidos al menos 24 niños y 16 mujeres hasta el viernes por la mañana– y más de 600 personas han resultado heridas, muchas de ellas graves. Además, han quedado totalmente destruidas o inhabitables más de 340 viviendas en Gaza y han resultado dañados al menos cinco centros de salud y tres ambulancias. En Israel, los ataques con cohetes han provocado al menos 20 heridos, así como daños materiales.
“A medida que se intensifica la violencia hay una urgente necesidad de que la ONU encargue una misión internacional independiente de investigación en Gaza e Israel para investigar las violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por todas las partes en el conflicto. Se trata del primer paso crucial para garantizar que las personas que han cometido crímenes de guerra u otras violaciones graves rinden cuentas", ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La comunidad internacional no debe repetir los errores del pasado y limitarse a observar pasivamente las devastadoras consecuencias que para la población civil de ambas partes supone que no se cumplan ni se hagan cumplir las leyes de la guerra. La ONU debe actuar rápidamente, pues de ello dependen vidas.”
Amnistía Internacional también pide a la ONU que imponga de inmediato a Israel, Hamás y los grupos armados palestinos un embargo completo de armas con el fin de evitar que las partes en el conflicto lleven a cabo más violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Hasta que dicho embargo se produzca, todos los Estados deben suspender de inmediato cualquier transferencia de munición, material y ayuda militar a las partes, que no han investigado adecuadamente las violaciones cometidas en anteriores conflictos ni puesto a sus responsables en manos de la justicia.
Los ataques aéreos israelíes se han dirigido contra viviendas civiles en Gaza basándose en que se trata de los hogares de “operativos de Hamás", según las declaraciones del ejército israelí, que ha destruido las viviendas tras advertir a las familias que debían irse. Sin embargo, en varios de estos casos no hay indicios que permitan deducir que los presuntos "operativos de Hamás" estuvieran en el interior de las viviendas en el momento en que fueron atacadas, que las viviendas se estuvieran utilizando para almacenar municiones ni que se emplearan para ningún otro fin militar.
“A menos que las autoridades israelíes puedan facilitar información concreta que demuestre que una vivienda se está usando para contribuir realmente a acciones militares, atacar deliberadamente viviendas civiles constituye un crimen de guerra y supone además un castigo colectivo contra las familias”, ha dicho Philip Luther.
En otros casos, los ataques de la aviación israelí han matado a civiles en sus casas o cerca de ellas. En los primeros tres días de la operación militar, los ataques aéreos de Israel contra viviendas o cerca de éstas mataron al menos a 32 civiles, entre ellos varios miembros de las familias Karawa’, al-Hajj, Hamad, al-Nawasra y Malaka; y, según los informes, al menos dos de las viviendas fueron atacadas sin previo aviso.
Israel ha atacado otras viviendas civiles mediante el procedimiento del “toque en el tejado”, que consiste en lanzar un pequeño misil contra la casa como “advertencia” antes de disparar otro que la destruye. En algunos casos –no en todos–, las familias reciben previamente una llamada telefónica del ejército israelí.
“En ningún caso disparar un misil contra una vivienda civil constituye un ‘aviso’ eficaz. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que estos misiles han matado o herido a civiles en anteriores operaciones del ejército israelí contra la Franja de Gaza”, ha añadido Luther.
Nueve civiles, dos de ellos niños, también murieron el miércoles por la noche en un ataque aéreo israelí contra un café situado en la playa cerca de Jan Yunis en el que se habían reunido decenas de personas para ver un partido del campeonato mundial de fútbol.
Mientras, grupos armados palestinos en la Franja de Gaza han lanzado indiscriminadamente más de 600 cohetes contra Israel, incluidas grandes ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Beerseba, Ascalón y Hadera, poniendo en peligro a millones de personas. Un portavoz de Hamás ha afirmado que todos los israelíes son objetivos legítimos.
“Disparar indiscriminadamente cohetes que no pueden ser dirigidos con precisión contra objetivos militares es un crimen de guerra, al igual que dirigir de forma deliberada los ataques contra la población civil”, ha dicho Philip Luther.
“Ningún bando puede tener excusas para no proteger a la población civil, incluidos periodistas, médicos y trabajadores de ayuda humanitaria, o instalaciones de carácter civil.”
Amnistía Internacional pide también a Israel y a Egipto que garanticen que pueden llegar a Gaza cantidades suficientes de suministros de carácter médico y humanitario, y que ambos países faciliten la salida de toda persona que necesite tratamiento médico urgente.
Los hospitales de Gaza se esfuerzan por seguir funcionando ante el aumento de la afluencia de civiles heridos, el descenso de los suministros médicos y las carencias de combustible y electricidad, debido en gran medida al estricto bloqueo que desde hace siete años Israel mantiene sobre la Franja de Gaza.
Información complementaria
Con arreglo al derecho internacional humanitario, las partes en un conflicto armado deben distinguir entre los objetivos militares y la población civil y los bienes de carácter civil, y dirigir los ataques sólo contra los primeros. Además, están prohibidos los ataques indiscriminados y desproporcionados. Las partes deben tomar las precauciones necesarias durante los ataques para minimizar el daño a la población civil y los bienes de carácter civil, así como tomar todas las precauciones posibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil que está bajo su control.