En estos momentos, miles de personas en Colombia lo están arriesgando todo para exigir responsabilidades al gobierno por su actuación durante la pandemia de COVID-19. Movilízate y pide al gobierno que ponga fin a la represión de la libertad de expresión.

Desde el 28 abril, miles de personas se han unido a las protestas en todo el país en respuesta a la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Entre las demandas por la igualdad se encuentran las protestas contra la lenta implantación del acuerdo de paz y los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. La respuesta del gobierno ha sido la militarización y la represión a través de sus “fuerzas especiales”, los llamados Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Tenemos conocimiento de que ha habido detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y desapariciones, así como de un uso excesivo de la fuerza por la policía y miembros de los ESMAD.

La policía ha utilizado gas lacrimógeno, fusiles y armas semiautomáticas de forma indiscriminada para dispersar a quienes protestaban, lo que contraviene las normas internacionales. Desde el 28 de abril, han muerto y resultado heridas decenas de personas.

Cada día son más las personas castigadas por alzar su voz en Colombia. El presidente deber poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra quienes protestan

Actúa ya y pide al presidente Iván Duque que ponga fin a la represión contra quienes participaron en la manifestación del Paro Nacional en Colombia e investigue todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes.

Información complementaria

El 28 de abril dio comienzo un “Paro Nacional”, provocado por una propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Duque con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios para hacer frente a la crisis económica tras un año de desaceleración económica causada por los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país.

El “Paro Nacional” retomó también varias reclamaciones expresadas por la sociedad colombiana en protestas similares a finales de 2019, como por ejemplo medidas para detener los homicidios de líderes sociales, cumplir el Acuerdo de Paz, un sistema de salud accesible, seguro e integral, y una reforma exhaustiva de la policía, entre otras cosas.

El 1 de mayo, el presidente anunció una presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y declaró: “Quiero también hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”. El 5 de mayo, el presidente declaró también que “[l]a amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, y añadió: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”.

Desde el comienzo del “Paro Nacional”, varias movilizaciones en ciudades clave como Bogotá, Cali y Pasto recibieron como respuesta uso excesivo de la fuerza, incluida fuerza armada y letal, que causó la muerte a 31 personas, heridas a 216 y la detención arbitraria de 814. También se han recibido ataques preocupantes sobre actos de violencia sexual y desaparición de personas.

Amnistía Internacional ha verificado vídeos en los que se ve a la policía colombiana utilizando armas letales y haciendo un uso indiscriminado de armas menos letales, como gas lacrimógeno, cañones de agua y otros materiales, contra manifestantes en varias partes del país.

Este patrón de represión de las protestas del “Paro Nacional” de este año reproduce lo ya presenciado en las protestas de 2019, cuando varias personas murieron tras haber recibido disparos de granadas de gas lacrimógeno y de armas de fuego con munición real y munición potencialmente letal, así como en otras protestas celebradas a finales de 2020, en las que la Policía Nacional informó de heridas a 403 personas, entre ellas 194 miembros de las fuerzas de seguridad, y la muerte 10 personas en el contexto de las protestas en respuesta al homicidio del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía.

Están en marcha varias investigaciones sobre delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de protestas, pero el hecho de que las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía sigan siendo investigadas por la justicia militar, como el caso de Dilan Cruz, muerto durante una protesta en 2019, impide que se realicen progresos tangibles para lograr la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, sus familiares y la sociedad.