En Estados Unidos, la pena de muerte se aplica en los ámbitos estatal y federal. Desde que en 1977 se reanudaron las ejecuciones en el país tras casi un decenio sin llevarse a cabo, se ha ejecutado a más de 1.200 hombres y mujeres en 35 estados o en el ámbito del gobierno federal. En la década de 2000 a 2009 hubo una media de 59 ejecuciones al año. Actualmente, más de 3.200 personas se encuentran en espera de ejecución, y en 2010 se llevaron a cabo 46 ejecuciones.
Hoy en día, 16 de los 60 estados, así como el Distrito de Columbia (Washington D.C.) y Puerto Rico, son abolicionistas en la ley. La mayoría de las ejecuciones del país se llevan a cabo en un número reducido de estados. Tan sólo tres estados –Texas, Virginia y Oklahoma– acumulan más de la mitad de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1977.
En 2001, el gobierno federal llevó a cabo su primera ejecución en cuatro decenios, y desde entonces ha llevado a cabo otras dos. Actualmente hay 59 presos en espera de ejecución en el ámbito federal. Las fuerzas armadas estadounidenses también pueden imponer la pena de muerte tras sentencias condenatorias en juicios militares, pero no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1961.
El método de ejecución más común es la inyección letal: se ha empleado en más de un millar de las ejecuciones que han tenido lugar desde 1977 y ha sustituido prácticamente a todos los demás métodos de ejecución. En la mayoría de los casos se usa el protocolo de las tres sustancias, pero hubo un litigio al respecto que obligó al estado de Ohio a adoptar un protocolo de una única sustancia en 2009, y hace poco el estado de Washington ha sido el segundo en adoptar este protocolo. La escasez de tiopentato de sodio (una de las tres sustancias utilizadas en las ejecuciones por inyección letal) en todo el país ocasionó la suspensión de algunas ejecuciones a finales de 2010 y ha seguido causando problemas en 2011 en estados retencionistas.
Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es inevitablemente cruel, inhumana y degradante, con independencia del método utilizado para llevar a cabo las ejecuciones. En Estados Unidos, la pena capital también se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error. Factores como la conducta indebida del ministerio fiscal o la representación letrada inadecuada de acusados indigentes han sido frecuentes en casos de pena de muerte. A menudo se ha condenado a muerte a presos tras juicios en los que sus abogados no presentaron pruebas atenuantes a pesar de su existencia. El uso de la pena de muerte contra personas con enfermedades mentales o con otras discapacidades psíquicas sigue suscitando preocupación añadida.
Oposición creciente contra la pena de muerte en EE.UU.
Pese al uso continuado de la pena de muerte, Estados Unidos está empezando a dar algunas muestras de oposición a este castigo. El número de ejecuciones llevadas a cabo y de condenas a muerte dictadas al año ha disminuido sustancialmente desde sus momentos álgidos en la década de 1990. Por ejemplo, aunque en 2010 se impusieron al menos 110 condenas a muerte, esta cifra supone tan sólo alrededor de un tercio del número de condenas a muerte dictadas en 1994, 1995 o 1996.
En los últimos años, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado ilegal imponer la pena de muerte a delincuentes con “retraso mental” o que tenían menos de 18 años en el momento del delito. En marzo de 2011, Illinois se convirtió en el 16º estado en abolir la pena de muerte cuando el gobernador firmó un proyecto de ley abolicionista aprobado dos meses antes por el Parlamento estatal.
La adopción en todo el país de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como alternativa a la pena de muerte parece haber contribuido al descenso de condenas a muerte (para consultar la posición de AI sobre la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, véase ORG 72/003/2009). Además, siguen surgiendo datos sobre el riesgo de error en las sentencias condenatorias, lo cual alimenta el debate sobre la pena capital en el país. Desde 1973, 138 presos en espera de ejecución han sido liberados tras ser declarados inocentes. Sólo en 2009 se exoneró y liberó a nueve hombres que habían sido condenados a muerte.