El nuevo código penal de Nicaragua, que entro en vigor en julio 2008, penaliza todas las formas del aborto. Ahora todas las mujeres y niñas que intentan obtener un aborto se enfrentan largas penas de cárcel, incluso cuando su vida o salud peligra de seguir adelante con el embarazo, o cuando éste es resultado de una violación. Además, dos tercios de victimas de violación en Nicaragua tiene menos de 17 anos.
Profesionales de salud que prestan servicios de aborto para preservar la vida y salud de mujeres y niñas, se enfrentan a las mismas sanciones, a pesar de que los protocolos obstetricós del ministerio de salud nicaragüense sobre buenas practicas para atender complicaciones en el embarazo recomiendan su interupcion para tratar complicaciones obstétricas concretas.
La penalización de todas las formas de aborto causa sufrimiento y angustia a mujeres y niñas: a las víctimas de violación o violencia sexual que se han quedado embarazadas; a las mujeres y niñas que han sufrido un aborto espontáneo y no buscan tratamiento médico porque temen que se las acuse de haber provocado el aborto; a las mujeres y niñas que no ven más opción que someterse a un aborto inseguro, ilegal y clandestino, y a las mujeres y niñas que temen morir o sufrir problemas graves de salud si continúan con su embarazo.
Las mujeres jóvenes y las niñas corren mayor peligro porque, en su caso, el riesgo de complicaciones durante el embarazo es mayor. Violencia sexual hacia niñas es endémico en Nicaragua y dos tercios de las víctimas de violación tienen menos de 17 años. Debido en parte a los altos niveles de violencia sexual contra las jóvenes, Nicaragua tiene uno de los índices más elevados de embarazo adolescente de América Latina y el Caribe.
No dar a las mujeres y niñas más opción que continuar con un embarazo que pone en peligro su vida o su salud, o que es resultado de violencia sexual, es una violación grave de los derechos humanos. El gobierno de Nicaragua debe adoptar medidas urgentes para derogar la legislación que penaliza el aborto y garantizar el acceso a servicios de aborto legales y seguros cuando continuar con el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer o niña en cuestión, o cuando éste sea resultado de una violación.