Bielorrusia es el último Estado de Europa y de la antigua Unión Soviética que todavía lleva a cabo ejecuciones. Toda la información sobre la pena de muerte en el país se mantiene en secreto. No hay cifras disponibles sobre el número de ejecuciones, pero Amnistía Internacional estima que hasta 400 personas pueden haber sido ejecutadas desde que Bielorrusia obtuvo la independencia en 1991.
La organización ha tenido noticia de al menos cuatro ejecuciones y una condena de muerte en 2008. El método de ejecución utilizado en Bielorrusia es el tiro en la nuca, y a los familiares de los condenados no se les comunican oficialmente ni la fecha de ejecución ni el lugar donde se encuentra enterrado el cadáver. En Bielorrusia, el uso de la pena de muerte se ve agravado por los defectos de un sistema judicial que administra la pena capital de una manera que viola el derecho y las normas internacionales relativos a la pena de muerte. Existen indicios creíbles de que se utilizan la tortura y otros malos tratos para extraer “confesiones”. Ni a los presos ni a sus familias se les notifica la fecha de ejecución por adelantado, y los condenados deben vivir con el temor de que, cada vez que se abre la puerta de su celda, puede ser para conducirlos a la ejecución. Las condiciones de reclusión de los presos agravan aún más la experiencia intrínsecamente cruel, inhumana y degradante de esperar a la ejecución. Según los informes, los condenados permanecen en celdas del sótano del centro de prisión preventiva (SIZO) núm. 1 de Minsk. Las autoridades no han confirmado a Amnistía Internacional si estos informes son auténticos."