Miércoles 3 de febrero de 2010
Rio Piedras – Amnistía Internacional levanta serias preocupaciones sobre las posibles consecuencias de activar la Guardia Nacional para lidiar con civiles y sobre las expresiones del gobernador de que “ajusticiará” a los criminales.
Nos preocupa seriamente que el activar la Guardia Nacional para trabajar con civiles pueda aumentar los casos de uso de fuerza excesiva e intervenciones indebidas. “Estos soldados están adiestrados para operar en condiciones de guerra y no para proteger ni preservar los derechos individuales, ni las libertades civiles. Utilizarlos como medida preventiva es en sí mismo un uso excesivo de fuerza y una forma para amedrentar a la comunidad. Recordemos que al activar la Guardia Nacional no solo se activa los soldados, sino también se pone a disposición todo tipo de armamento pesado” opino Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la Sección.
Tradicionalmente la Guardia Nacional es activada por los gobernadores de los estados para restablecer el orden público en situaciones graves (disturbios violentos que la Policía no pueda controlar), y/o para socorrer y brindar seguridad en caso de desastres naturales (huracanes, terremotos, etc). Activarla sin una acción aparente que lo justifique da una sensación de crisis y de constante estado de sitio, que muy probablemente repercutirá en la salud mental de la población y afectara negativamente la “apariencia“ de seguridad que el Gobiernos quiere fomentar.
“Estas medidas planteadas por el Gobernador, nos sugiere que el Estado le esta declarando la guerra a la población civil. ¿Contra quién se piensa usar la Guardia Nacional? ¿Contra el que roba? ¿Contra el que cuestiona el orden establecido? ¿Contra el que piensa diferente? ¿Contra las comunidades pobres? ¿Quién traza la línea? La criminalidad no se ataja a través del miedo sino a través de la justicia y el acceso a una vida plena para todos y todas”, puntualizo Irma Lugo Nazario, Presidenta de la Sección.
Por último, el Gobernador expreso en su mensaje su intención de “ajusticiar” a quienes le roben la paz a nuestro pueblo. El diccionario define ajusticiar como sinónimo de ejecutar. En este sentido le recordamos al Gobernador que Puerto Rico en su Constitución prohíbe la pena de muerte, y este es el sentir de la inmensa mayoría de los que residimos en la Isla y usted como Gobernador está en la obligación de respetar este deseo.
“Esperamos que el señor Gobernador con su intención de ampliar el ámbito de cooperación con el gobierno federal, no intente establecer acuerdos que permitan la aplicación de la pena de muerte. Esto no solo atenta contra nuestra Constitución sino que lacera una de los valores más fuerte de nuestro pueblo; el derecho a la vida” expreso Wilbert Méndez, coordinador del Comité para Erradicar la Violencia Institucional.
Para más información contacte con la oficina de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico.
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Pedro Santiago
Tel. 787-763-8318
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